El Gobierno de Navarra se opone a la rebaja de condenas a miembros de La Manada
El vicepresidente Taberna anuncia que el Ejecutivo foral ha presentado en vía judicial un escrito de oposición
El Gobierno de Navarra se opone a la rebaja de condenas a dos nuevos miembros de La Manada. Así lo ha trasladado este martes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna. De esta forma, el Ejecutivo foral ha presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra un escrito de oposición a la revisión de penas.
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El vicepresidente Taberna ha explicado que “desde el Gobierno de Navarra, como acusación popular, creemos que no hay condiciones jurídicas para la reducción de penas, porque entendemos que la reducción automática fruto de la retroactividad de las penas no tiene que aplicarse de manera mecánica, sino hay que estudiarlo". "Creemos que es un delito con la suficiente gravedad como para mantener las penas tal y como están” ha añadido Taberna.
Cabe recordar que, por sentencia de 4 de julio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se condenó a los cinco miembros de La Manada por un delito continuado de violación con las agravantes de carácter degradante o vejatorio y comisión por la actuación conjunta de dos o más personas, a penas de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta, prohibición de acercamiento a la víctima a distancia inferior a 500 metros y prohibición de comunicación con la misma durante 20 años, además de 8 años de libertad vigilada. Ahora, dos de los condenados piden la revisión de la condena rebajando la pena impuesta de 15 años de prisión a 14 años de prisión.
En su escrito de oposición, la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra mantiene que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, no debe aplicarse de forma meramente aritmética o automática para rebajar la pena de cualquier persona penada por delitos de violación.
Los servicios jurídicos sostienen, además, que se debe examinar cada caso de forma individualizada y que, en el caso de La Manada, no se impuso, de acuerdo con la normativa que se utilizó en su día, la pena máxima a los condenados. Asimismo, desde el Ejecutivo foral entienden que debe atenderse, igualmente, a la gravedad de los hechos.
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