La ocupación ilegal en Navarra migra hacia viviendas de bancos vacías y otros espacios

La ocupación ilegal de inmuebles en Navarra ha evolucionado. Gracias a que la ciudadanía ha tomado más precauciones y a que el sistema judicial ha agilizado sus actuaciones, la problemática se ha reducido. De la misma manera, el patrón delictivo ha cambiado: los ocupantes se han vuelto más selectivos y estratégicos, y buscan viviendas vacías y otros espacios que no constituyen una morada, para eludir la ley y ganar tiempo sin ser desalojados.

En los últimos dos años, sólo la Guardia Civil contabiliza un total de 64 ocupaciones de inmueble en la Comunidad Foral, un tercio de ellas en la Ribera, que es la zona que más casos registra, seguida por la demarcación de Pamplona (16), las de Estella y Tafalla (12 cada una) y la de Sangüesa (3). En el último año, se produjeron un total de 29 denuncias, un 17% menos que las 35 que se contabilizaron en 2024 por parte del Instituto Armado.

Allanamiento y/o usurpación

Las denuncias por ocupaciones de inmueble engloban los allanamientos de morada y las usurpaciones de inmueble. La principal distinción jurídica que marca la respuesta policial es el bien protegido. "En los allanamientos de morada, el bien protegido es la intimidad y la actuación policial es inmediata e, incluso, si la entrada es flagrante, se detiene a los ocupantes en el acto y se les desaloja. En el segundo, el bien protegido es la propiedad, por lo que el proceso requiere denuncia, documentación acreditativa y la elaboración de un atestado que se remite al juzgado, lo que puede prolongarse varios meses", explica Sergio Álvarez, capitán de la compañía de la Guardia Civil de Estella.

Conscientes de esa diferencia, los ocupantes evitan viviendas habitadas o segundas residencias, ya que estas últimas también tienen la consideración de morada, aunque nadie resida de forma habitual en ellas. "Si no están vacías, si cuentan con mobiliario o usamos esa vivienda una vez al año, es un inmueble igual que el domicilio habitual, con la misma defensa jurídica".

Por este motivo, los usurpadores se han desplazado hacia viviendas vacías, como inmuebles de entidades bancarias y, con creciente frecuencia, también almacenes agrícolas. No es el caso de casetas de campo que no suelen reunir las mínimas condiciones habitables. "Buscan deliberadamente poblaciones pequeñas donde intentan pasar desapercibidos", apunta Álvarez.

Denuncia con escrituras

Ante una usurpación de un inmueble, el propietario debe interponer una denuncia, junto con escrituras y recibos de suministros. La Guardia Civil "identifica a los ocupantes, verifica si existen contratos y describe el estado del inmueble. El proceso puede dilatarse si hay menores o personas en situación de vulnerabilidad, en cuyo caso intervienen los servicios sociales".

En ningún caso el propietario puede cortar el agua, la luz o cambiar las cerraduras por su cuenta, ya que incurriría en un delito de coacciones. "Deberá asumir los suministros y reclamar los gastos después", aunque Álvarez admite que "cobrarlos no está garantizado".

Una situación distinta es el impago de alquiler con contrato en vigor, que no constituye ni allanamiento ni usurpación. Es el fenómeno conocido como inquiokupación, que también se da en Navarra, pero no supone una ocupación sin autorización, como sí lo son los allanamientos de moradas o las usurpaciones de inmueble. Por eso "la respuesta jurídica es distinta y hay que acudir a la vía civil".