La Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas de Amianto de Navarra (ADAVAN) se concentraron ayer frente al Palacio de Justicia de Pamplona en apoyo a un trabajador, M.S.R., y su familia. El acto coincidió con la celebración de un juicio por daños contra la empresa Agni/BSH, mercantil para la que el afectado trabajó entre 1967 y 1988 realizando el montaje de paneles de catalíticas.
El trabajador falleció en octubre de 2019 como consecuencia de un adenocarcinoma pulmonar, enfermedad que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció en 2021 como derivada de una enfermedad profesional al conceder las pensiones de viudedad y orfandad. A pesar del reconocimiento inicial del INSS, la familia ha tenido que enfrentar un proceso judicial complejo que se inició en enero del año 2022.
Pocos días antes de la fecha prevista para el juicio original por daños y perjuicios en julio de 2023, la empresa impugnó las resoluciones del INSS tras haber dejado pasar más de un año sin hacerlo. Esta maniobra provocó la suspensión del proceso hasta que, el 31 de octubre de 2025, una sentencia firme ratificó el origen profesional de la enfermedad y declaró como hechos probados que el trabajador estuvo expuesto al amianto en Agni/BSH sin que la empresa adoptara las medidas de protección necesarias.
Debido a la firmeza de dicha sentencia, el juicio celebrado ayer se centró exclusivamente en determinar el montante de la indemnización por daños, sin que se haya vuelto a discutir la exposición al riesgo o la falta de seguridad, dado que estos puntos ya gozan del efecto de cosa juzgada.
Casi 6 años de retraso
Desde ADAVAN, su portavoz Juan Antonio Castilla, denunció que el expediente acumula casi seis años de retraso por lo que califican como una “actitud torticera y abusiva” de BSH. Según la asociación, la empresa “retuerce las leyes para priorizar sus beneficios frente a la reparación de las víctimas, llegando incluso a dilatar los tiempos a la espera de que fallezcan los familiares directos de mayor edad para reducir las indemnizaciones”. Por este motivo, los afectados reclaman que la conducta de la mercantil sea penalizada con un recargo por la pérdida del poder adquisitivo y el tiempo transcurrido.
Paralelamente, ADAVAN anunció que tiene previsto reunirse próximamente con el Gobierno de Navarra para abordar el Plan de Desamiantado y la vigilancia de la salud de los afectados por amianto. “Les agradecemos de antemano su disposición, pero exigiremos que se concrete en pasos claros adelante en el desarrollo de dicho Plan”, señaló Juan Antonio Castilla.
Por último, desde la asociación se denunció “la actitud obstruccionista del INSS, de no quererse reunir con ADAVAN, después de haberlo solicitado varias veces por todos los medios posibles, para aclarar los injustificados atrasos y paralizaciones de los distintos procesos de afectados por amianto. De seguir en esta actitud nos veremos obligados a iniciar medidas de presión en defensa de la dignidad de los afectados”, concluyeron las mismas fuentes.
