SUCESOS
El trámite que cobra Navarra y que el Defensor del Pueblo pide que se revise
El Defensor del Pueblo pide revisar la tasa que cobra Navarra por copias de atestados de tráfico
Un abogado presentó una queja alegando que debería ser un trámite exento de pago
El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha dirigido una resolución a la Consejería de Interior, Función Pública y Justicia instando a que se promueva una reforma de la Ley Foral de tasas y precios públicos para que los ciudadanos perjudicados en accidentes de tráfico puedan obtener copia del atestado de la Policía Foral sin coste alguno.
La resolución, fechada el 8 de junio de 2026, responde a una queja presentada el pasado 23 de abril por un abogado especializado en procesos relacionados con el tráfico, Francisco Javier Moreno-Vidal, al que la Policía Foral le había requerido el pago de una tasa para facilitarle copia de un atestado de accidente vial. El reclamante alegaba que la Ley 5/2025, de ámbito estatal, obliga a las fuerzas de seguridad a entregar ese tipo de documentación de forma gratuita a los perjudicados.
Régimen tributario propio
El Defensor admite que Navarra cuenta con un régimen tributario propio amparado por el Convenio Económico, por lo que la norma estatal que establece la gratuidad no resulta directamente aplicable en la Comunidad Foral. El cobro de la tasa, por tanto, no constituye una irregularidad, ya que tiene respaldo expreso en la Ley Foral 2/2021, de tasas y precios públicos.
No obstante, el Defensor del Pueblo considera que sería oportuno que Navarra debatiera si procede adaptar su normativa al criterio adoptado en el resto del Estado. Por ello, sugiere al Departamento que, solo o en colaboración con la Hacienda Foral, impulse las gestiones necesarias para que el Parlamento de Navarra pueda pronunciarse sobre una posible modificación de la Ley Foral 2/2021 que elimine el cobro de ese tributo.
El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y, en su caso, las medidas que adoptará. La no aceptación podría dar lugar a que el asunto figure en el informe anual que el Defensor del Pueblo presenta ante el Parlamento de Navarra, advierte la institución.