La segunda mesa de debate de Foro Hiria contó con importantes representaciones de “los privados” en materia de colaboración público-privada en el sector de la vivienda en su línea de “provisión y gestión de nueva vivienda asequible y social”. Esto representa el problema más acuciante de nuestro país, “siendo conscientes de que el término abarca otras líneas, como rehabilitación, protección social y situaciones de emergencia, suelo y urbanismo y procesos normativos, entre otros”, como explicó la moderadora de esta mesa, Alejandra Mora, socia fundadora de ARENHOS, asesoría especializada en el sector de la vivienda asequible.

Mora realizó una introducción en la que afirmó que la colaboración público-privada durante estos 50 años ha estado basada “en casi una exclusiva interacción presupuestaria”, consistente básicamente en un reparto estatal de cuotas de un tímido presupuesto a las comunidades autónomas para construir vivienda en venta con plazos más o menos largos para su desprotección y entrada en el mercado libre de compra-venta. A raíz de esto, preguntó a los asistentes si creían que eso ha sido una verdadera estructura de colaboración público-privada, si consideraban que dicha colaboración hoy debería evolucionar y las características básicas que debería tener.

Los participantes en responder a estas y otras cuestiones fueron Manel Rodríguez, director general del Grupo SALAS; Manuel Ibáñez, de Real Estate DWS; Mª José Ballarín, secretaria de iCONS (Clúster de la Industrialización de la Construcción Navarra); y Juan Antonio Las Navas, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra.

El Grupo Salas se ha convertido en un actor importante en el ámbito de la vivienda social a nivel nacional. A través de un modelo de colaboración público-privada, la fundación ha logrado entregar 500 viviendas a familias con necesidades especiales.

Sin embargo, el director de vivienda social y asequible de la fundación, Manel Rodríguez, reconoció que “el proceso de generar vivienda social es lento y complejo”. Señaló que, para que este modelo funcione, “se requiere confianza entre las diferentes partes involucradas, así como apoyo financiero sostenido”.

En esta línea, Manuel Ibáñez puso de relieve la grave carencia de vivienda social a nivel nacional, con solo un 2,5% del mercado por debajo del precio de mercado, frente al 9% de la media europea.

“Esta situación exige un análisis urgente y medidas contundentes”. El Plan Vive, con la construcción de 1.800 viviendas de alquiler asequible, “es un paso en la dirección correcta, pero se necesita un mayor esfuerzo para alcanzar los niveles europeos”, aseguró.

Ibáñez destacó la importancia de la inversión social en este ámbito, señalando que sin ella, muchas iniciativas no serían viables.

Mª José Ballarín se erigió en una firme defensora de la industrialización como la mejor manera de reducir plazos y abaratar costes. Argumentó que este era un camino inevitable, tanto por razones de eficiencia como por su potencial para facilitar el acceso a la vivienda a través del alquiler asequible.

Sin embargo, reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer y señaló “la necesidad de un apoyo financiero para impulsar la industrialización del sector de la construcción” para convertirla en una realidad tangible.

Por último, Juan Antonio Las Navas, enfatizó la colaboración público-privada como un elemento fundamental en la historia del sector. Abogó por una transformación que permitiera ajustar costes, mejorar la calidad, reducir el tiempo de ejecución y obtener márgenes más razonables.

Las Navas concluyó resaltando la labor de las asociaciones en la búsqueda de un futuro mejor para el sector de la construcción.