La convención que prohíbe el uso de las minas antipersona, en peligro ante la amenaza de Rusia en Europa

La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, un tratado ratificado por más de treinta países con el objetivo de bloquear la adquisición, producción, almacenamiento y uso de este tipo de armamento, se encuentra actualmente en peligro a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania.

Este es el caso de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, que han dado un paso al frente para materializar su salida definitiva de esta convención y garantizar así la seguridad de sus fronteras ante una posible agresión. Estos países, que comparten frontera con Rusia y también forman parte de la OTAN, insisten en que la convención limita sus posibilidades de defensa en un momento de gran inestabilidad geopolítica.

El también llamado Tratado de Ottawa se remonta a 1997, aunque su entrada en vigor no tuvo lugar hasta 1999, pocos años después de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. En la actualidad, son más de 160 los países que han suscrito el pacto, que no pone coto a la utilización de minas anticarro --cuyo uso se encuentra regulado por otros tratados internacionales--.

A los países del bloque comunitario se suman, como firmantes, la mayoría de los países de África y Asia, si bien grandes potencias como Rusia, China, India, Estados Unidos o Israel se mantienen al margen, una decisión que ha sido criticada en numerosas ocasiones por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

El aumento de la tensión en Europa ha provocado un incremento de la percepción del riesgo y la importancia de tomar medidas de prevención de cara a posibles amenazas. El ministro de Defensa polaco, Wladislaw Kosiniak Kamisz, ha manifestado este semana que la decisión de abandonar el tratado es "vital" para "asegurar la región".

Así, ha hecho hincapié en que Polonia "no puede permitirse estar atada por restricciones de ningún tipo que impidan que defienda su territorio" llegado el momento. Este país, junto a los Bálticos, ha incidido en que se trata de una herramienta de "disuasión militar", y ha recalcado que su objetivo es hacer uso de todos los medios a su alcance para "defenderse".

"Esta retirada otorga al ejército de Estonia una mayor flexibilidad y libertad para elegir sistemas y soluciones para fortalecer las capacidades de defensa de Estonia en caso necesario", ha defendido por su parte el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, que aboga también por revertir las prohibiciones.

Aunque ha defendido que Estonia "sigue comprometida con el Derecho Internacional y con la idea de limitar los efectos de las operaciones militares sobre civiles", ha aclarado que la invasión rusa de Ucrania ha permitido "aprender lecciones, como la imposibilidad de restringir unilateralmente las opciones de armamento". "Eso nos pondría en desventaja", asegura.

Desde Letonia y Lituania, hablan de la importancia de "estar preparados" ante cualquier agresión en la frontera, mientras que las autoridades finlandesas han alertado en varias ocasiones de que existe un claro "deterioro de la situación de seguridad" en Europa del Este.   

UNA "FRACTURA" DEL CONSENSO INTERNACIONAL

La postura de estos cinco países se ha ido cristalizando especialmente a raíz de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca, que no ha dudado en sopesar una posible retirada de los apoyos en caso de que estas ayudas no salgan "rentables" para Washington, al tiempo que ha exigido a los miembros de la Alianza Atlántica destinar al menos el 5 por ciento del PIB al gasto en defensa para la próxima década.

Mientras, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mostrado su "más profunda preocupación" por la retirada de estos países de una convención que ha permitido "salvar innumerables vidas". Además, ha asegurado que esta decisión "debilita la protección de la población civil" y "socava años de esfuerzos".

Según el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), unas 24.000 personas mueren o resultan heridas por estos artefactos cada año, en su mayoría civiles. La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, ha alertado de que se ha producido una "fractura" en el consenso mundial en lo referente a la prohibición de las minas terrestres.

"El consenso mundial que alguna vez hizo de las minas antipersona un símbolo de inhumanidad empieza a fracturarse. Tras décadas de avances, somos testigos de un giro peligroso: algunos Estados que en otros tiempos defendían el desarme están evaluando retirarse de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersona", ha lamentado Spoljaric, que ha subrayado que no se trata de un "mero gesto jurídico, sino de un cambio que podría poner en peligro "muchísimas vida" y "revertir décadas de avances".

Desde el CICR recuerdan que el tratado cuenta con 165 Estados parte y defienden que sus resultados son incontestables: se han destruido más de 55 millones de minas almacenadas, se han desminado vastas superficies de tierra, y se han reducido considerablemente la producción y la transferencia de estas armas mortales.

"Más del 80 por ciento de las víctimas son civiles. A menudo, los supervivientes se quedan con una discapacidad de por vida. Muchas de las víctimas son niños y niñas", ha lamentado Spoljaric.   

BIRMANIA, EL PAÍS CON MÁS VÍCTIMAS

Naciones Unidas ha alertado de que Birmania se ha convertido en el país del mundo con mayor número de víctimas anuales por minas terrestres y otras municiones sin detonar, y ha destacado que más del 20 por ciento son niños. "La colocación indiscriminada de estas armas letales dentro y alrededor de casas, escuelas, patios de recreo y zonas agrícolas pone a los niños en un peligro constante", han denunciado varios expertos en Derechos Humanos, que han advertido de que todas estas acciones son "absolutamente contrarias" a las leyes internacionales.

La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, una coalición de ONG, detectó en su informe del año 2024 más de 5.700 nuevas víctimas de minas y restos explosivos, 1.983 de ellas con resultado de muerte, en más de medio centenar de territorios durante el año anterior.

Uno de los responsables del informe, Mark Hiznay, director asociado sobre Armas de Human Rights Watch (HRW), ha denunciado que estos nuevos usos por parte de países ajenos al acuerdo "amenazan tanto la vida de civiles como la eficacia de este tratado para salvar vidas".

A lo largo de ese mismo año, se registró el uso de estos artefactos por parte de ejércitos y grupos militares en países como Colombia, Rusia, India, Birmania y Pakistán, entre otros. En este territorio palestino, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, han reconocido su uso tras los atentados de octubre de 2023. Esto implica que más de medio centenar de países se encuentran plagados de estas minas, con Ucrania al frente de la lista como el país más minado.

Desde Amnistía Internacional, recuerdan que estas minas son artefactos explosivos que explotan de forma "indiscriminada" e "imprecisa" y que son diseñados para detonar cuando alguien se acerca a ellos. "El Derecho Internacional prohíbe tanto el uso de armas indiscriminadas como los ataques indiscriminados que ponen en peligro la vida de civiles. Estos ataques perpetrados de forma deliberada constituyen crímenes de guerra", aseguran.