Navarra pagará este año al Estado 776,9 millones por las competencias no transferidas. Se trata una cifra notablemente más elevada que la prevista en los presupuestos de 2023 (635 millones), pero que el Ejecutivo foral ha querido matizar hoy en el Parlamento.
El nuevo acuerdo cerrado en diciembre con el Ministerio incluye el pago de algunos ajustes fiscales que se compensan mediante los ingresos. La "aportación neta", término nuevo acuñado por el Departamento de Hacienda para facilitar la comparación con ejercicios anteriores, quedaría así en 652,7 millones, lo que reduce la diferencia con la previsión inicial para este 2023 en 17,7 millones.
"Los acuerdos alcanzados suponen una línea continuista con la metodología empleada y los acuerdos suscritos para el quinquenio anterior", ha explicado la consejera, Elma Saiz, que ha defendido que el acuerdo se ha llevado a cabo desde el "rigor técnico", la "defensa de los intereses de Navarra" y el "diálogo desde la lealtad institucional" de ambos gobiernos.
Son algunos datos ofrecidos esta mañana por los responsables de Hacienda, encabezados por la consejera Elma Saiz, en el Parlamento foral. El Gobierno ha defendido así que se trata de "un buen acuerdo para Navarra", que incluye además otros ajustes contables y financieros económicamente beneficiosos, pero que sobre todo blindan el régimen foral para los próximos años. Al Parlamento han acudido también para dar los detalles más técnicos el director gerente de Hacienda Foral de Navarra, Óscar Martínez de Bujanda, y la directora del Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera, Maite Domínguez.
El acuerdo alcanzado ahora es efectivo para el quinquenio 2020-2024, y se irá actualizando de forma automática hasta entonces. Respecto a los ejercicios ya cerrados (2020 y 2021) ambas administraciones han revisado la aportación efectiva realizada por Navarra, y que ha sido superior a la ejecutada. Por este concepto el Estado ha devuelto ya a la Comunidad Foral 137 millones, que ahora el Ejecutivo autonómico debe decidir a qué destina. Según ha avanzado la presidenta María Chivite, será fundamentalmente el gasto "social".
Hay además un segundo motivo que justifica el aumento de la aportación de Navarra al Estado, que se dispara en comparación con 2020. Para ese año, la aportación base queda fijada en 510 millones, la misma que se acordó en 2017 para el ejercicio de 2015. La Hacienda Foral explica que para facilitar la comparativa hay que mirar a la "aportación neta", que sería de 431,3 millones, cifra muy inferior.
La razón no es otra que la pandemia. La aportación anual se fija en base a los ingresos del Estado, y ese año (2020) cayeron notablemente con motivo del confinamiento y la parálisis económica generada por la alerta sanitaria. El Gobierno central suplió esa caída de la recaudación con emisión de deuda pública, pero ese es un concepto que Navarra no paga hasta que toque amortizar.
En cambio, en los últimos dos años la recaudación en el conjunto del Estado ha crecido mucho. La reactivación económica, la mejora del consumo y los buenos datos de empleo han elevado los ingresos de la Hacienda estatal, y por tanto, también la cantidad que Navarra tiene que aportar a los gastos del régimen común.
Descuentos en la aportación
Por otro lado, el acuerdo cerrado en diciembre incluye también algunos descuentos en concepto de políticas sectoriales. Son fondos que Navarra deja de pagar al Estado y cuyo destino decidirá directamente el Ejecutivo foral. Es el caso por ejemplo el plan de mejora de la atención primaria o de lucha contra la violencia de género. De esta forma, el Gobierno foral se ahorra el dinero y lo gestiona directamente para el fin determinado.
