La Comisión Europea abrió este miércoles un expediente a España por considerar que la legislación nacional sobre las concesiones a la construcción en zonas costeras se producen sin un proceso transparente de selección y pueden prolongarse más allá de lo permitido por el Derecho comunitario.
La decisión responde a que España "no ha logrado asegurar un proceso de selección transparente e imparcial para otorgar las concesiones relacionadas con áreas costeras" y a que "la posibilidad de extender estas concesiones por un periodo de hasta 75 años sin justificación va contra las reglas de la UE".
En un comunicado, la Comisión explicó que la Ley de Costas española permite dar concesiones para construir instalaciones permanentes como restaurantes, granjas o industrias químicas o papeleras, en el llamado "dominio público marítimo terrestre", fuera de los puertos, "sin un proceso de selección abierto y transparente", así como ampliarlas por hasta 75 años.
Ambas disposiciones, indicó, violan la directiva europea de Servicios.
El Gobierno español tiene ahora dos meses para responder a la notificación de Bruselas y, de no hacerlo de forma satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría avanzar en un procedimiento que, en última instancia, le permite llevar a los países ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La medida se enmarca dentro de una batería de expedientes abiertos este miércoles por Bruselas contra varios países por no aplicar correctamente las normas europeas en materia de servicios.
Dentro de los mismos, ha enviado otro dictamen motivado a España -el segundo paso en un proceso e infracción- por no haber implementado correctamente la Directiva de Test de proporcionalidad, que exige a los Estados que cuando vayan a regular el acceso a una profesión hagan antes un examen sobre si los requisitos son proporcionados.
El dictamen, enviado también a Alemania, Lituania, Polonia y Eslovenia, aborda en particular el que estos países no hayan incluido "todas las medidas relevantes en las evaluaciones de proporcionalidad, la falta de implementación de las necesarias garantías de procedimiento o ciertos criterios para hacer estas evaluaciones".
El objetivo de la norma es evitar que los países impongan reglas innecesariamente pesadas que puedan dificultar que candidatos cualificados accedan a muchas profesiones en otros Estados miembros, recordó la Comisión, que destacó que un 22 % de los trabajadores europeos, unos 50 millones de personas, trabajan en profesiones reguladas, por lo que las normas de acceso deben ser justificadas y proporcionadas.
