El Gobierno de Navarra cifra en el 20% y el 17,63% el seguimiento de las jornadas de huelga en la Administración de Justicia

Según datos de la Dirección General de Justicia, este primer lunes 17 de abril el paro de tres horas (desde las 10.00h hasta las 13.00 horas) convocado por los sindicatos fue secundado por un 20% de la plantilla; mientras que este martes la cifra de personal trabajador que secundó la huelga se redujo hasta un 17,63% de las trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Navarra.

Estas cifras están "ligeramente por debajo" del seguimiento que se está haciendo el resto del Estado y de los territorios que son competencia exclusiva del Ministerio de Justicia, donde este martes la huelga fue seguida por el 18% de la plantilla.

Aquellas comunidades autónomas donde las jornadas de paro de los cuerpos generales de la Administración de Justicia han tenido mayor seguimiento el día de ayer fueron Asturias (con un 34,79%), Andalucía (28,7%), Cantabria (23,5%), Comunidad Autónoma del País Vasco (24,44%), La Rioja (23,8%) y Aragón (19,07%). En el extremo contrario están aquellas comunidades autónomas donde la huelga ha tenido menor repercusión como Navarra (17,63%), Madrid (8,5%), Valencia (8,14%), Cataluña (7,5%) y Galicia (1%), ha detallado el Ejecutivo foral.

La convocatoria de huelga afecta a todos los cuerpos generales de la Administración de Justicia: desde los de auxilio judicial a los tramitadores procesales, gestores procesales y administrativos. De este personal dependen muchas de las funciones que se hacen cada día desde los juzgados, como la atención al público, el registro de documentos, la notificación de diligencias y autos, reclamaciones, sanciones, multas o comunicación con las partes.

Todos ellos son funcionarios de cuerpos nacionales que orgánicamente dependen del Gobierno central, del Ministerio de Justicia. Aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares y Ceuta y Melilla), la Constitución Española considera competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia y comunidades autónomas, como la Comunidad Foral de Navarra, asumen la gestión de competencias que sirven de soporte al Poder Judicial, proporcionándole los medios necesarios para su funcionamiento.