'No ha ganado Inés del Río ni tampoco ETA, ha ganado toda la sociedad'

PAMPLONA. La concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona Eva Aranguren y el miembro de ESK Xabier Barber han sido los encargados de dar lectura, en castellano y euskera, a un comunicado conjunto elaborado por organizaciones políticas como EA, Aralar, Sortu y Alternatiba, los sindicatos LAB, ESK, Stee-Eilas y colectivos como Etxerat, Eleak, Ernai o EPPK para valorar la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En la comparecencia pública, en la que han declinado contestar a preguntas de los periodistas porque, según han dicho, se encontraban representantes de distintas organizaciones con "distintas sensibilidades e interpretaciones", han estado presentes, entre otros, la parlamentaria navarra de Aralar, Asun Fernández de Garaialde; el miembro de la izquierda abertzale Txelui Moreno o el portavoz de LAB en Navarra, Igor Arroyo.

Para estas organizaciones, la excarcelación de Inés del Río y del resto de presos de ETA supone "buenas noticias" puesto que, a su entender, "allanarán el camino hacia la resolución y la paz". Y además han defendido que con la decisión de Estrasburgo "no ha ganado Inés del Río, ni ETA, sino que ha ganado toda la sociedad vasca y española".

Según ha expuesto Eva Aranguren, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 'doctrina Parot' ha llegado "muy tarde, cinco años tarde en el caso de Inés del Río y 203 años tarde computando las decenas de presos afectados" y han argumentado que "no era necesario haber llegado hasta Europa", ya que "la judicatura y las élites españolas sabían perfectamente que esta doctrina era contraria a derecho".

En su opinión, la resolución judicial de Estrasburgo y la puesta en libertad de la etarra Inés del Río "son buenas noticias para la mayoría social de este país" porque "supone reparar una injusticia y una vulneración grave de los derechos humanos, que es lo que ha estado en juego en este caso".

"Estrasburgo ha dicho que Inés del Río y el resto de presos afectados tenían derecho a ser liberados una vez cumplida su condena y que el Estado español retorció injustamente el ordenamiento jurídico para retrasar su excarcelación", ha señalado Aranguren, para quien este hecho supone "aquí y en cualquier parte del mundo una vulneración muy grave de los derechos fundamentales".