El aforamiento protege a San Martín (UPN) de declarar como investigada en el caso Tasubinsa

pamplona - El aforamiento que ostenta por su condición de parlamentaria Ana San Martín (UPN), directora del Área Social de Tasubinsa, impedirá de momento que declare como investigada en relación con las irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona en el cobro de 2,9 millones de ayudas públicas del Gobierno de Navarra. Aunque la juez había citado a San Martín el próximo 11 de febrero al apreciar indicios de su supuesta implicación en el delito de fraude de subvenciones que instruye, dicha declaración ha sido anulada por la propia magistrada ya que solo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra es competente para investigarla por tratarse de una aforada. Según fuentes judiciales, la intención de la magistrada es concluir la instrucción y entonces, si se mantienen los indicios contra ella, remitir la causa al TSJN para que allí se finalice el procedimiento.

La citación como investigada de San Martín (la nueva denominación de imputado) tenía por objeto clarificar su implicación en la percepción de subvenciones por parte del Gobierno de Navarra que llegaron a Tasubinsa por partida doble por el mismo concepto, a través del Servicio Navarro de Empleo (SNE) y de Políticas Sociales. La irregularidad se generó a través de la duplicidad de nóminas que se presentaban para justificar el cobro de estas ayudas por los mismos empleados.

no lo corrigieron Tanto San Martín, como la responsable de Recursos Humanos de la empresa, que también ha sido citada por la juez, figuran en un correo electrónico que consta en la causa y que se remonta a marzo de 2010. En ese correo interno, dicha directiva informa a Ana San Martín y al entonces gerente de Tasubinsa que había detectado una duplicidad de 34 personas en el listado enviado en 2010 al Gobierno de Navarra para el cobro de ayudas. También señalaba que en el que se estaba confeccionando en esos momentos para 2011 se duplicaban otras nueve.

Aunque el gerente les dio instrucciones entonces que esa irregularidad debía resolverse para 2012, no se corrigió y Tasubinsa siguió percibiendo subvenciones duplicadas hasta 2013, cuando Bienestar Social detectó el desajuste en una inspección extraordinaria. Tras abrir varios expedientes de reembolso, exigió la devolución de 3,2 millones de euros a la entidad, que achacó lo ocurrido a un error y pactó con el Gobierno de Navarra el reintegro de estas cantidades.

La Cámara de Comptos, por su parte, cifró la percepción irregular entre los años 2009 y 2013 en casi tres millones de euros y envió el asunto a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que concluyó que había indicios de cinco delitos de fraude en la obtención de subvenciones (uno por cada año), por lo que presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, que ya investigaba unas denuncias previas de trabajadores contra los gestores de Anfas y Tasubinsa.