Navarra tiene cadenas, canta Fermín Valencia. Navarra tiene peajes, canta el presupuesto público, aunque estos sean menos amables que la popular canción y pasen desapercibidos en el volumen que suponen las cuentas anuales de la Administración Pública. Pero están ahí, y cuestan 85,7 millones al año al conjunto de la sociedad navarra, una media de 130 euros por cada uno de los 661.000 habitantes que viven en la Comunidad Foral.
Un coste algo que absorbe buena parte del gasto destinado al mantenimiento de las carreteras, y que el Gobierno de Navarra asume con resignación. La fórmula de pago se mantendrá, al menos, hasta que concluya el plazo de concesión en cada una de las tres vías afectadas. De momento, no hay intención de poner peaje en estas vías, pese al anuncio del Gobierno central. Navarra tiene competencias propias en carretera, y estudia aplicar otro tipo de recargos para vehículos pesados en cinco vías de gran capacidad (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68).
Los peajes en sombra y la AP-15
La inversión principal sigue siendo para la Autovía del Camino, la vía de gran capacidad que une Pamplona con Logroño, y que tiene un coste anual para las arcas públicas de 50,3 millones. Fue inaugurada en 2007 y financiada por el peaje en sombra. Desde entonces una adjudicataria asume el coste y mantenimiento de la infraestructura, y cobra un canon anual en función del tránsito de vehículos. Curiosamente, la pandemia no ha afectado a pago anual, que pese a las restricciones en 2020 se mantuvo dentro de lo presupuestado, también en 50 millones.
La misma situación se produce en la Autovía del Pirineo, que va de Noáin hasta la muga de Aragón, que cuenta con varios tramos financiados mediante el peaje en sombra. Por esta conservación y amortización de la inversión el Gobierno de Navarra pagará este año a la adjudicataria 19,6 millones. De esta forma, los peajes en sombra suponen una media de 105 euros por habitante a año, aunque no circule por la vía.
A estas cifras hay que añadir también el coste de los peajes en la AP-15, subvencionados en parte por el Gobierno foral. Las tarifas varían en función del número de viajes de ida y vuelta en el día o a lo largo del mes, pero suponen un coste total de 15,8 millones para las arcas públicas.
Es el dinero que el Ejecutivo abona a través de los presupuestos generales a la adjudicataria de gestionar la autopista, Audenasa, por la pérdida que le ocasionan los descuentos en los distintos peajes. Este pago ha generado polémica política recientemente, después de que el Gobierno foral decidiera compensar empresa adjudicataria por el menor tránsito de vehículos provocado por la pandemia, y hacerlo en contra del criterio de la Intervención General. Este pago va a ser fiscalizado por la Cámara de Comptos y el Consejo de Navarra.
