La futura ley de reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica de Navarra contemplará que el órgano que se encargará de analizar y resolver las solicitudes de las víctimas, la Comisión de Reconocimiento, contará con la presencia de dos miembros que serán designados por el Arzobispado.

La Comisión de Reconocimiento, que se creará en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación y publicación de la ley, será “un órgano colegiado independiente destinado a valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de la futura ley, la admisión o inadmisión de las solicitudes y, cuando proceda, la propuesta de declaración de la condición de víctima de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia Católica en Navarra”.

La Comisión de Reconocimiento se adscribirá orgánicamente al departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de Justicia, y en el ejercicio de las funciones que la futura ley foral le atribuya, “actuará con autonomía y plena independencia, debiendo cumplir las funciones asignadas con objetividad, profesionalidad, integridad, imparcialidad, confidencialidad y sometimiento al ordenamiento jurídico”.

Entre las funciones de la Comisión estará proponer el reconocimiento de la condición de víctimas de las personas que manifiesten haber sufrido violaciones graves de derechos humanos en el contexto de ataque a su integridad física, su indemnidad o su libertad sexual en el ámbito de la Iglesia Católica. “La Comisión actuará en todo caso con absoluto respeto a la actuación del Poder Judicial, absteniéndose de intervenir en cualquier causa que esté siendo objeto de investigación penal. En ningún caso podrá señalar responsabilidades penales de persona alguna”, indica el borrador.

designados para 6 años Según este documento, la Comisión estará integrada por nueve miembros designados para un período de 6 años: la persona que ostente la Jefatura de Sección de la Oficina de Asistencia a Víctimas, que actuará como Secretaria de la misma; cuatro personas con experiencia en materia de víctimas, entre las que estarán necesariamente presentes personas con competencia profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico (dos serán nombradas por la persona a cargo del Departamento de Justicia de Gobierno de Navarra y otras dos por el Parlamento de Navarra); dos representantes de las asociaciones de víctimas constituidas con arreglo a la legislación vigente, designados por ellas; y dos representantes de la Iglesia Católica en Navarra, designados por el Arzobispado de Pamplona y Tudela en su caso.

La Comisión también elaborará informes “a fin de contribuir a la difusión del conocimiento sobre estas violaciones de derechos humanos”, lo que se llevará a cabo mediante publicaciones científicas, materiales divulgativos tanto impresos como audiovisuales, congresos y jornadas de carácter científico y divulgativo, documentales, y creaciones artísticas, entre otros medios.

Asimismo, propondrá a las diferentes Administraciones medidas de reconocimiento público a las víctimas y elaborará un fichero de víctimas, para lo cual se podrán firmar convenios de colaboración con Universidades públicas y privadas, centros e institutos de investigación, así como con especialistas de reconocido prestigio y trayectoria en esta materia, con pleno respecto a la legislación de protección de datos personales. “En el desarrollo de sus funciones la Comisión tendrá en cuenta la perspectiva de género y LGTBI y otros grupos en situación de vulnerabilidad”.