A lo largo de la intervención que efectuó el secretario general de Instituciones Penitenciarias en la jornada de jueces de Vigilancia en Pamplona, salieron a colación algunos asuntos controvertidos sobre los que tienen que resolver en su quehacer diario. Entre estas cuestiones de actualidad aludió Ángel Ortiz a los planteamientos que han llegado a algún despacho judicial en el que los internos solicitaban ser entrevistados por algún medio de comunicación dentro del centro penitenciario. Fue por ejemplo el caso de una “entrevista de pago” que una televisión quería efectuar a Ana Julia Quezada, la asesina del niño almeriense, Gabriel Cruz, El Pescaíto.El Pescaíto

El juez que resolvió al respecto de esta petición se encontraba ayer presente en el auditorio pamplonés y dejó claro que su juzgado conocía que dicha solicitud iba a ser contrareembolso, puesto que además la condenada justificó que quería supuestamente utilizar el dinero que iba a recibir por la entrevista para abonar parte de la indemnización del asesinato. El juez recordó que en ese caso concreto él consideró que “no se trataba del derecho a la información, sino que era negocio”. Y “puro morbo”, añadieron algunas compañeras. Sin embargo, el magistrado dejó claro que su opinión al respecto fue favorable acerca de que pudieran entrevistar a Quezada en prisión, pero que lo hicieran a través de una entrevista por escrito. “He autorizado que pudieran entrevistarla bien por escrito o en la propia cabina, en eso no voy a entrar, pero sin hacer fotos ni poder grabarla. Y eso no le interesa al medio en cuestión”, expuso el juez. El responsable de Instituciones Penitenciarias explicó que por lo general a este tipo de cuestiones suelen responder que “no”, como “línea inamovible”, pero el Defensor del Pueblo “nos dijo que teníamos que justificar las causas de esa denegación para que el solicitante conociera los motivos” y una resolución del Tribunal Constitucional de 2020 también justificó y amparó el derecho de opinión de las personas recluidas y privadas de libertad. El alto tribunal reconoció el derecho de información de la prensa para dar voz a los internos y de la ciudadanía a conocer sus opiniones y críticas al sistema penitenciario. Por ello, desde entonces, Instituciones Penitenciarias elaboró un protocolo para responder a este tipo de solicitudes. “En el caso de que el preso que vaya a ser entrevistado sea preventivo, el juez de instrucción que dirija el caso será el encargado de opinar sobre la solicitud. Si se trata de un preso ya condenado, valoramos diversos aspectos como la seguridad, el riesgo, y también debemos tener en cuenta el Estatuto de la Víctima para decidir acerca de si la petición resulta conveniente o supondría una colisión con el respeto a los derechos de las víctimas. Hay casos extremos en los que la respuesta va a ser el no y en otros tendremos que decidir en función de todo eso”.

En caso de propuesta de resolución favorable, se remitirá a la Dirección del centro penitenciario para que, partiendo de dicha propuesta, dicte la correspondiente resolución y proceda a su notificación. Entre las medidas a adoptar estarían las necesarias relativas a la presencia de dispositivos de grabación, audiovisuales, etc., que garanticen la seguridad de las instalaciones penitenciarias, del resto de las personas recluidas, así como del personal penitenciario.

“El TC nos obligó a hacer un protocolo para dar respuesta a peticiones de entrevistas a presos”

Secretario g. l Instituciones Penitenciarias