Un cambio menor, de carácter técnico, ha provocado un duro choque dialéctico entre Navarra Suma y el Gobierno foral. Y por extensión también con Geroa Bai. Javier Esparza acusó ayer al Ejecutivo foral de no defender la realidad institucional de Navarra ni la potestad tributaria que tiene el régimen foral. Reproches que negó la consejera de Hacienda y que rebatió Uxue Barkos, que calificó de “inadmisible” la posición del presidente de UPN.

La polémica viene a cuenta de la reforma del Convenio Económico, la ley que regula la autonomía fiscal, que ayer fue aprobada por la Comisión Coordinadora Navarra-Estado sin el apoyo de la coalición de derechas. La modificación es fundamentalmente técnica. Consiste en “armonizar” el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Un tributo que Navarra aplica desde 2018 pero que el Gobierno central acaba de aprobar para el resto del territorio. Con este acuerdo, Navarra gestionará el impuesto pero deberá aplicar la normativa del Estado, aunque podrá incrementar los tipos de gravamen dentro de los límites vigentes en el territorio común.

El problema es que la armonización supone de facto asumir que en materia fiscal Navarra está subordinada a la normativa básica del Estado, también en el ámbito tributario, donde históricamente ha contado con autonomía. “No podemos bajar los brazos y asumir a la primera y sin rechistar lo que está diciendo el Gobierno de España”, censuró ayer Javier Esparza, que pidió expresamente un encuentro previo de la parte navarra para hacer constar su discrepancia. El líder de Navarra Suma pidió incluso que el Gobierno foral rechace la armonización tal y como se plantea y recurra al Constitucional. Algo que, cree, “no se ha hecho para no molestar a Sánchez”.

Hacienda se defiende Pero la visión de Navarra Suma no es compartida por el resto de grupos. Tampoco por Hacienda. La consejera Elma Saiz no quiso dar muchos detalles ayer. Se limitó a señalar que “habrá que ver” qué pasos se siguen a partir de ahora sin aclarar en qué medida afecta la armonización a la legislación navarra. No obstante, consideró que el acuerdo es “una buena noticia, la máxima expresión de nuestro autogobierno”.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, consideró “inadmisible” que UPN pida ahora un “enfrentamiento” con el Estado cuando a su juicio es precisamente el principal responsable de la actual situación. Barkos recordó que en la reforma del Convenio de 2015, aprobada para solventar el lío generado con el IVA de las exportaciones de Volkswagen, se introdujo una cláusula en la que se especifica que cualquier nuevo impuesto se deberá adaptar a la normativa del Estado. La portavoz de Geroa Bai advirtió por ello de que Navarra no está en disposición de llevar a cabo “una batalla en torno a la capacidad de generar tributos en solitario”, por lo que consideró “inadmisible” la demanda de UPN. “Estar en la oposición requiere a veces una mirada de serenidad, sosiego y yo diría que ambición”, subrayó Barkos.