LAB ha responsabilizado al Gobierno de Navarra de los “graves problemas de convivencia” en torno al Centro de Observación y Acogida (COA) de Marcilla y asegura que “es un ejemplo del colapso del sistema de Intervención Social puesto que en ese centro se hacinaban más de cien menores aunque estaba diseñado para cuarenta”.
En una nota de prensa, el sindicato llamó a que “no se criminalice a las personas usuarias que atiende el sector de la Intervención Social, cuyas circunstancias personales ya son lo suficientemente complicadas” y ha exigido a las administraciones públicas que “asuman su responsabilidad en la gestión y seguimiento de los servicios públicos que subcontratan”.
Aumenta el racismo
El sindicato advierte de que “este tipo de situaciones no hacen más que aumentar el racismo en toda la sociedad” y afirma que “la mejor receta para que la extrema derecha no siga aumentado y captando adeptos es el fortalecimiento de los servicios públicos, tanto los que ya están en la administración como los que actualmente están privatizados, los cuales deberían ser de gestión directa”.
El sindicato subrayó que el Gobierno de Navarra “debiera proporcionar el reconocimiento que merecen con hechos cuantitativos y cualitativos”, como “el desbloqueo definitivo de los convenios tanto de Acción e Intervención Social de Navarra como el de la Fundación Gizain, y trabajar de manera conjunta con las profesionales del sector para llegar a la dignificación definitiva de sus condiciones laborales y la publificación de los servicios”.
