La regulación del aborto sigue siendo un asunto polémico en América y en países como Argentina, El Salvador, Honduras y República Dominicana, una práctica totalmente ilegal. Buena parte de los países de la región admiten en teoría la interrupción del embarazo en los tres casos de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o violación, o en alguno de ellos, pero el camino transitado ha sido muy largo, inconcluso y lleno de obstáculos.
Teodora Vásquez pasó más de una década encerrada por una acusación de aborto en El Salvador, país que lo prohíbe en todas sus formas. En julio de 2007 Vásquez dio a luz a un niño muerto en los baños de la escuela en la que trabajaba.
La ley salvadoreña establece una pena de entre seis meses y doce años, pero en el caso de Teodora los fiscales también la acusaron de homicidio, por lo que su pena se amplió a 30 años. Sin embargo, el Gobierno decidió liberarla en 2018.
Otra joven que enfrenta la dura legislación es Imelda Cortez, acusada de intentar abortar a su hija, producto de abuso sexual por parte de su padrastro, y luego tirarla a una letrina de fosa séptica. La defensa de Cortez alega que las pruebas en su contra son “insuficientes” para condenarla a 20 años de cárcel por intento de aborto y homicidio.
El aborto es ilegal en Honduras desde mayo de 2017 y se castiga con penas de tres a diez años de cárcel. Grupos sociales se han manifestado para que se despenalicen en el país las tres principales causas, recomendación hecha también en julio de 2017 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El pasado 27 de febrero, en la provincia argentina de Jujuy se llevó a cabo una cesárea a una niña de once años que fue violada por la pareja de su abuela, un hecho que provocó enorme revuelo. Colectivos sociales alzaron su voz de protesta, ya que consideraron que a la menor se le negó el derecho a abortar en contra de una ley que desde 1921 prevé que se puede llevar a cabo este procedimiento en caso de violación.
En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, una niña de diez años que sufrió abusos dio a luz por cesárea. Dado que la ley boliviana faculta el aborto por violación o riesgo para la vida o salud de la madre o el feto, varias organizaciones demandaron sin éxito que se le practicara a la menor.
Debidamente justificado es la expresión del Código Penal de Paraguay para justificar una interrupción del embarazo si está en riesgo la vida de la mujer o se puede agravar una enfermedad. De no ser así, se podría pasar entre dos y ocho años en la cárcel. Son muchos los casos de menores embarazadas como el de la niña de once años a quien en 2015 se le practicó una cesárea, producto de una violación presuntamente perpetrada por su padrastro.
Atraso menstrual es uno de los tantos mensajes publicitarios que se ven en las calles de Lima, ganchos a centros clandestinos para la interrupción del embarazo, puesto que la legislación solo la permite cuando la vida de la mujer está en peligro. Estos lugares son frecuentados, en su mayoría, por menores, ya que en Perú el 12,7% de las adolescentes entre 15 y 19 años quedan embarazadas.
La llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil trajo consigo una serie de cambios con respecto a políticas e iniciativas sociales. El Ministerio de la Mujer, a cargo de la pastora Damares Alves, planea un proyecto denominado “Estatuto de los niños por nacer”, que prevé la protección integral de los fetos, y por lo tanto, penalizaría totalmente el aborto.
En Ecuador se viene dando desde enero un debate parlamentario para despenalizar el aborto por violación, estupro, incesto o inseminación no consentida. Actualmente las autoridades ecuatorianas admiten como causales el peligro para la vida de la madre o violación a una mujer con discapacidad mental, por lo que cualquier otra razón es penada.
El Ejecutivo ha vetado dos veces al Parlamento un Código Penal que lo penaliza. A Rosaura Almonte Esperancita, en 2012, cuando tenía 16 años, le diagnosticaron leucemia con embarazo de siete semanas. Los médicos le dieron preferencia al feto. Esperancita murió semanas después.
Grupos feministas afines al chavismo han presentado iniciativas a favor de la despenalización del aborto ante la Asamblea Nacional cuando tenía mayoría oficialista, y después ante la Constituyente, pero sin éxito.
