PAMPLONA. Además, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, rechaza, en este momento procesal, la solicitud de sobreseimiento que había presentado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.
Benito es la juez encargada de investigar el polémico cobro de dietas dobles y triples en Caja Navarra, un caso por el que han sido imputados el expresidente navarro Miguel Sanz, el exconsejero de Economía Álvaro Miranda, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exdirector de la entidad financiera, Enrique Goñi.
El auto, contra el que cabe recurso de reforma y/o de apelación, relata cómo los estatutos de Caja Navarra acordaron la creación de un órgano novedoso de carácter consultivo, la Junta de Entidades Fundadoras, que se constituyó el 21 de junio de 2010.
Ya entonces se propuso un calendario de sesiones ordinarias que, sin perjuicio de unas denominadas "sesiones de reporte", contemplaba la celebración de tres sesiones, agrupadas en un mismo día, para atender separadamente a las tres funciones atribuidas a este órgano (emisión de informes no vinculantes, seguimiento de la situación financiera, y seguimiento de la actividad de los órganos de gobierno).
A partir del 31 de agosto de 2010, comienzan a reunirse Miguel Sanz como presidente del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Pamplona, y Álvaro Miranda como consejero de Economía en lo que denominaban "sesiones de reporte" y celebraban dos sesiones consecutivas en cada ocasión.
Estas reuniones se celebran los días 31 de agosto de 2010, 21 de septiembre de 2010, 10 de enero de 2011, 1 de marzo de 2011, 7 de junio de 2011, 30 de junio de 2011, 30 de agosto de 2011 y 26 de septiembre de 2011.
A partir de la sesión de 30 de agosto de 2011 quien preside estas sesiones es Yolanda Barcina, al haber sido elegida presidenta del Gobierno de Navarra y por tanto de la Junta de Entidades Fundadoras.
Asistió también a esas reuniones Enrique Maya como alcalde de Pamplona y siguió participando en las mismas Miguel Sanz a pesar de no estar prevista en norma alguna su presencia una vez que ya no ostentaba el cargo de presidente del Gobierno.
Por cada una de estas dos sesiones consecutivas se pagaron 2.680 euros brutos para el presidente, y 1.717 para los demás miembros, cantidades que no se identificaban como dietas, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la Caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la CNMV por no referirse a órganos de gobierno ni personal directivo de la entidad, por lo que "quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización", se indica en el auto.
La juez considera que estas reuniones no tenían ningún tipo de soporte normativo, ya que la previsión que se hace en los Estatutos es "nula" a ese respecto y esa alusión a "sesiones de reporte" no es base suficiente para ello.
Además, la juez apunta que los miembros de esa Comisión Permanente fueron elegidos de manera "arbitraria" por el presidente del Gobierno de Navarra y no se dio ninguna publicidad ni se informó a nadie de su existencia ni de sus integrantes.
También destaca la juez la celebración de reuniones de la Permanente muy próximas en el tiempo a las de la JEF y muchas de ellas al parecer sin contenido, ya que "no consta participación ni actividad alguna por parte de los participantes a la sesión".
En definitiva, concluye, se trató de unas reuniones que "son la base, excusa o justificación de devengo de unas dietas", que carecen de soporte normativo, cuya composición es decidida por el presidente del órgano con el beneplácito del director de Caja Navarra y que no son conocidas ni por los órganos de gobierno de la entidad ni por los demás miembros de la JEF.
La juez considera "irrelevante" que Sanz, Maya, Miranda y Barcina hayan devuelto las dietas y apunta a la existencia de un presunto delito de cohecho impropio.
En ese sentido, y llegados a este punto de la instrucción de la causa, la juez entiende que es "indispensable" recibir declaración en calidad de imputada a Yolanda Barcina y sería por tanto el Tribunal Supremo el órgano al que le correspondería, si lo estima procedente, la investigación de los hechos y su enjuiciamiento.
Por este motivo, pide al ministerio fiscal, las defensas y acusaciones (la asociación Kontuz y UPyD) que le informen si debe remitir exposición razonada al Tribunal Supremo para que éste valore si debe declarar la presidenta navarra como imputada.
También les pide que le informen si consideran procedente que el Supremo conozca la causa en su conjunto a fin de evitar que procedimientos separados pudieran dar lugar a resoluciones contradictorias.
En relación al alcalde de Pamplona, la juez, en otro auto, señala que al existir inicialmente indicios de cohecho impropio en su actuación, no es procedente decretar en este momento el sobreseimiento "sin perjuicio de lo que pueda acordarse a la vista del desarrollo de la instrucción de la causa".
