Más de 10.000 personas inquilinas en Navarra podían haberse acogido a la prórroga extraordinaria de sus contratos de alquiler prevista en el Real Decreto Ley 8/2026 y quienes solicitaron esa extensión mientras la norma estuvo en vigor mantienen plenamente ese derecho pese a la posterior derogación del texto en el Congreso. Ese fue el principal mensaje que trasladó ayer la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, durante el pleno del Parlamento foral, aunque matizó que el Gobierno no dispone de una cifra exacta sobre cuántos inquilinos ejercieron finalmente ese derecho, ya que se trata de un trámite que no pasa por registros oficiales y que se formaliza directamente entre arrendatario y propietario.
La vicepresidenta insistió en que las personas que comunicaron la solicitud de prórroga a sus propietarios “no tienen que preocuparse de nada” porque ejercieron ese derecho dentro del periodo de vigencia de la norma estatal. Según defendió, esas peticiones se realizaron “acogiéndose a la legalidad vigente”, por lo que la derogación posterior del decreto no elimina sus efectos.
Alfaro responda a una pregunta planteada por el parlamentario de EH Bildu, Mikel Zabaleta, quien alertó del impacto que puede tener la derogación de las medidas estatales de protección del alquiler en un contexto de fuerte tensión residencial. Zabaleta defendió que la prórroga extraordinaria no era una medida “testimonial o menor”, sino “un instrumento real de protección” para miles de familias.
El parlamentario también puso el foco en la desaparición del límite estatal del 2% para la actualización anual de las rentas. Según expuso, algunas estimaciones apuntan a que la derogación de ese tope puede traducirse en incrementos de entre 650 y 3.000 euros anuales por vivienda. “Este es el dinero que va a pasar del bolsillo de los inquilinos e inquilinas al bolsillo de los rentistas”, afirmó.
En cifras
3.000€
Es la cifra máxima estimada del impacto anual que supondrá la desaparición del tope del 2% en la actualización de rentas, que oscila entre 650 y 3.000 euros.
10.000
Se trata del censo estimado de arrendatarios cuyos contratos expiraban durante la vigencia decreto y podrían haberse acogido a la prórroga de su alquiler en Navarra.
5.347
Es el número de viviendas en manos de únicamente 112 empresas, según el registro navarro de grandes tenedores. Representa el 30% del sector del alquiler en la Comunidad Foral.
80%
Ocho de cada diez habitantes de Navarra reside en alguno de los 21 municipios declarados como zona tensionada, donde el Gobierno mantiene la capacidad de topar precios.
Zonas tensionadas
Durante su intervención, Alfaro defendió que Navarra amortigua parcialmente el impacto de la derogación gracias a las zonas de mercado tensionado ya declaradas en la Comunidad Foral. Según detalló, actualmente existen 21 municipios con esa consideración, territorios en los que reside cerca del 70% de la población navarra y donde se concentra alrededor del 80% de los contratos de alquiler registrados. La vicepresidenta sostuvo que esos mecanismos permiten mantener limitaciones sobre los precios del alquiler pese a la caída del decreto estatal. “Ese incremento de precios... en nuestra comunidad no se va a aplicar porque tenemos los precios topados”, afirmó.
Alfaro vinculó además la tensión del mercado residencial con la concentración de vivienda en manos de grandes propietarios. Citando datos del registro navarro de grandes tenedores, señaló que en Navarra existen 6.425 viviendas de alquiler controladas por grandes propietarios, lo que representa “casi el 30% del mercado del alquiler”. De ellas, 5.347 pertenecen a 112 personas jurídicas –“muchas de ellas fondos de inversión extranjeros”– y otras 1.078 están en manos de 124 personas físicas.
La vicepresidenta rechazó también la existencia de inseguridad jurídica para quienes solicitaron la prórroga extraordinaria y acusó a la derecha de estar vinculada a la patronal inmobiliaria de alimentar deliberadamente ese discurso. Como precedente, recordó el decreto aprobado en 2018 que amplió de tres a cinco años la duración de los contratos de alquiler y que mantuvo sus efectos para quienes ya se habían acogido a él pese a haber sido posteriormente derogado.
Por su parte, Zabaleta advirtió de que la eliminación de la limitación del 2% en la actualización anual de las rentas supondrá un incremento del esfuerzo económico para miles de familias navarras. Según expuso, algunas estimaciones calculan que la derogación podría traducirse en un aumento de entre 650 y 3.000 euros anuales por vivienda. “Este es el dinero que va a pasar del bolsillo de los inquilinos e inquilinas al bolsillo de los rentistas”, reprochó.
El parlamentario de EH Bildu acusó a la derecha de situarse “del lado de los grandes propietarios, de los fondos buitre y de los rentistas” por utilizar la defensa de la foralidad “como una herramienta de confrontación” mientras, a su juicio, respalda políticas favorables a los grandes propietarios.
Navarra regulará el alquiler de habitaciones
Los grupos parlamentarios de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin han registrado de forma conjunta en el Parlamento de Navarra una proposición de ley dirigida a regular el alquiler de habitaciones y los contratos de temporada en la Comunidad foral. La iniciativa plantea una regulación diferenciada en función del tipo de arrendamiento. Por un lado, establece una definición específica para el alquiler de habitación de temporada, que quedará limitado a supuestos justificados como estancias de estudiantes, movilidad laboral o desplazamientos por motivos sanitarios.
El texto recoge que estos contratos deberán estar vinculados a causas reales y acreditadas. Además, fija que no podrán superar un año de duración. La proposición establece también que, cuando no se justifique el carácter temporal del alquiler, el contrato pasará automáticamente a considerarse un arrendamiento de vivienda habitual.
La iniciativa añade que aquellos contratos de temporada que no respondan a las causas previstas quedarán sometidos al régimen de las actividades de hospedaje.
La proposición de ley incorpora igualmente una regulación específica para el alquiler de habitaciones destinadas a residencia habitual. En este apartado, el texto equipara el régimen jurídico de estos contratos al de los arrendamientos de vivienda completa. De este modo, la norma prevé la obligación de registrar los contratos y aplicar las mismas condiciones previstas para el alquiler de vivienda habitual en cuestiones como duración, plazo mínimo, prórrogas, desistimiento y fianza.
En relación con las zonas tensionadas, la iniciativa establece que la suma de las rentas de todas las habitaciones de una misma vivienda no podrá superar el precio máximo fijado para el alquiler completo del inmueble en esa zona.
La proposición contempla además mecanismos de control administrativo. Entre ellos, incorpora la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público con el objetivo de facilitar tareas de inspección, supervisión y detección de posibles incumplimientos. Según el texto registrado, la regulación busca actuar sobre los contratos de temporada y el alquiler por habitaciones mediante la fijación de requisitos específicos para cada modalidad contractual y la aplicación de límites vinculados a la normativa de vivienda vigente en Navarra.
