pamplona - La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, sostiene que la ley vasca de víctimas de abusos policiales es constitucional y no invade competencias del Estado, por lo que no cabe rectificar para mantener el recurso del anterior Gobierno. La ministra defendió así ayer en el Senado la retirada del artículo de inconstitucionalidad contra la ley vasca de reconocimiento y reparación de las víctimas por “violencia de motivación policial”, y destacó las diferencias con la ley navarra que fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Batet respondió así en el Senado a una pregunta del senador navarro del PP José Cruz Pérez Lapazarán en la que exigía al Gobierno mantener el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy a la ley vasca por entender que es “gemela” de una ley navarra similar, que sí fue anulada por el Tribunal Constitucional. A juicio de la ministra, la ley navarra anulada por el Constitucional afectaba a derechos constitucionales, algo que no concurre en la ley vasca. Según expuso la ministra en la Cámara Alta, la ley navarra constituía una comisión de naturaleza parlamentaria que creaba “una justicia paralela” y culminaba con “la atribución de condición de víctima”. Además, Batet añadió que Navarra no se avino a modificar el texto mientras que las autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca “sí lo hicieron”. Por ello, explicó que “los extremos que planteaban problemas de constitucionalidad”, aunque menores a los de la ley navarra, “quedaron plenamente resueltos”. En este sentido, la ministra dijo al senador que “más que hablar de leyes gemelas, habría que hablar de leyes mellizas”.
Pese a estas explicaciones, el senador navarro Pérez Lapazarán sostuvo ante la ministra que la retirada del Gobierno de Sánchez del recurso interpuesto por el PP “supone un pago político vergonzante, negociado con partidos independentistas, como Bildu y otros que pretenden romper España pero que les mantienen en el gobierno sin importarles sus consecuencias”. E insistió que “lo preocupante” de ambas leyes es que se pretende “blanquear” la acción terrorista de ETA y lo que hace el Gobierno retirando el recurso es “no defender a las instituciones y apuntarse al independentismo que escribe con mentiras la historia, ofendiendo y humillando a las víctimas y a una parte muy importante de la sociedad española que clamaba contra esta organización terrorista.
Ante este argumento, Batet reiteró que su Gobierno no actúa en función de “precios políticos” y aseguró que el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco “reconduce cualquier posibilidad de interpretación de la ley”. - D.N.
