El Servicio Común de Ejecución (SCEJ) de Pamplona se encuentra al límite de su capacidad operativa, lo que está afectando al cumplimiento de las sentencias, incluido el cobro de indemnizaciones. Así lo refleja un informe interno, que ha sido trasladado al Colegio de Abogados y Procuradores de Pamplona y a las más altas instancias judiciales de Navarra.
El documento pone de manifiesto un desequilibrio estructural en la distribución de recursos humanos entre los distintos servicios comunes del sistema judicial navarro. El SCEJ, responsable de gestionar las ejecuciones de todas las jurisdicciones –civil, familia, contencioso-administrativo, social, mercantil y penal–, cuenta únicamente con el 22,6% del total del personal de gestión y tramitación, es decir, menos de una cuarta parte de la plantilla disponible.
Personal disponible
En cifras concretas, el servicio dispone de tan solo 14 tramitadores, el mismo número que la Audiencia Provincial, frente a los 123 con los que cuenta el Servicio Común de Tramitación. En cuanto a los gestores, el SCEJ tiene 43, por debajo de los 50 asignados al Servicio Común de Tramitación. Esta distribución hace materialmente imposible la especialización por materias.
Especialmente grave es la situación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). El SCEJ cuenta con apenas 9 letrados para gestionar toda la ejecución civil y penal, lo que representa el 22% del total de LAJ distribuidos entre los servicios comunes, frente al 61% asignado al Servicio Común de Tramitación.
La consecuencia directa es una carga de 3.240 procedimientos por letrado. Además, con la transición a los Tribunales de Instancia, cada LAJ de ejecución civil debe atender ahora unos 700 mandamientos de pago mensuales, cuando la media anterior era de 450. A ello se suma la tramitación de escritos, subastas, tasaciones de costas y recursos, un volumen que el propio informe califica de "materialmente inabarcable".
Acumulación de escritos
El informe advierte de consecuencias tangibles para los ciudadanos: se está produciendo una acumulación significativa de escritos que no pueden ser procesados, y cantidades de dinero depositadas en cuentas judiciales que no están siendo gestionadas con la celeridad debida. Ante esta situación, el servicio ha tenido que priorizar las actuaciones urgentes para minimizar perjuicios, reconociendo que resulta "materialmente imposible atender la totalidad del volumen de trabajo con la agilidad debida".
A pesar del sombrío diagnóstico, el documento destaca el compromiso "excepcional" de gestores, tramitadores y letrados, que están redoblando esfuerzos para mantener el servicio a flote. La dirección del SCEJ solicitó formalmente el refuerzo de plantilla antes del 21 de enero de 2026, y se han celebrado reuniones posteriores con las administraciones competentes, aunque la petición sigue pendiente de resolución.
El comunicado ha sido remitido a la Jueza Decana, a la Directora General de Justicia del Gobierno de Navarra, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Secretario de Gobierno del TSJ. Asimismo, se ha pedido al Colegio de Abogados y Procuradores de Pamplona que lo traslade a los colegios profesionales de los distintos Tribunales de Instancia de Navarra.
