pamplona - La legislatura liderada por Quim Torra estuvo ayer a punto de expirar y, de hecho, vive uno de sus momentos más complejos desde que fuera investido presidente merced al acuerdo entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, un pacto que emergió con dificultades y recelos que han ido acrecentándose en los últimos meses. La suspensión de los diputados procesados por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, abrió una crisis que estuvo a punto de dinamitar el Govern, donde siempre han chocado dos partes: la que apuesta por el denominado “Govern legítimo” frente a la apuesta de los republicanos por ir adelante en la gobernabilidad y ampliar la base del independentismo seduciendo al resto de espacios catalanistas, entre ellos el de los comunes.
La fricción quedó en evidencia el pasado en julio por la suspensión de los seis diputados -4 de JxCat y 2 de ERC- y se reprodujo en el momento crucial de la primera votación a la que tuvieron que enfrentarse. Finalmente, a primera hora de la tarde ambas formaciones consensuaron presentar un documento indicando a qué diputado delegaban su voto de forma individual. JxCat se disculpó ante la ciudadanía por haber bloqueado el pleno y a la vez pidiendo paciencia. “Vivimos en una situación de excepcionalidad y eso queda reflejado en el día a día del Parlament”, dijo el diputado Eduard Pujol. “Un Parlament que vive pendiente de jueces y tribunales o cárceles injustas y exilios injustos, es un Parlament que no hace su trabajo con normalidad”, añadió el líder del grupo republicano Sergi Sabrià.
Las desavenencias se agudizaron gravemente por sus diferencias en la aplicación del acuerdo adoptado por ambas formaciones y votado el martes. La brecha se hallaba entre los términos delegar el voto y designar. JxCat se negaba a sustituir a los diputados suspendidos por el magistrado Llarena. En contra del acuerdo parlamentario con ERC, los junteros habían decidido no relevarles pese a haber votado a favor del dictamen de la Comisión de Justicia en el que se instaba a ello alegando que el Parlament rechazó la suspensión y, por tanto, se puede ejercer la misma delegación de voto que hasta la fecha. De esta forma, JxCat puso en un aprieto al presidente del Parlament, Roger Torrent, ante la disyuntiva de tener que elegir entre romper el pacto entre los socios de gobierno o desobedecer el auto del Supremo si decidía contabilizar los cuatro votos de los diputados de JxCat.
El grupo parlamentario de Puigdemont puso en conocimiento formal a la Mesa y al dirigente republicano que lidera la Cámara que no tenían la intención de designar sustitutos para sus cuatro diputados y entendía que cuando el Parlament rechazaba su suspensión permitía directamente que los afectados pudieran seguir con su actual delegación de voto en el diputado y portavoz, Albert Batet. El propio Batet firmó el comunicado oficial remitido al órgano de control parlamentario. Torrent trasladó a JxCat que la solicitud presentada, para ser aceptada, debía solucionar un defecto de forma, puesto que debían ser los propios diputados implicados quienes remitieran la solicitud de delegación, con las respectivas firmas. De no hacerlo, a su juicio, podría haber tenido consecuencias legales. Dado el limbo jurídico, los letrados de la Cámara, presentes en el debate, señalaron la necesidad de que cada uno de los diputados suspendidos por Llarena presentara su respectiva solicitud y que en ellas no aparecieran las palabras “sustitución” ni “delegación”, para no entrar en conflicto con el dictamen aprobado por el Parlament el martes.
JxCat rechazó la posibilidad de reformular la petición a la Mesa y Torrent dio un plazo de una hora para que los junteros decidieran qué hacer, suspendiendo el pleno hasta la tarde.
reunión crucial con quim torra En el receso decretado por Torrent se produjo una reunión de altos vuelos en el despacho de Torra con la presencia de éste, así como del presidente del Parlament, la portavoz de la Generalitat Elsa Artadi, y el vicepresident, Pere Aragonès, entre otros. En ella se debatía no solo qué hacer con respecto a los diputados de JxCat, sino también con la legislatura. La tensión entre ambos grupos se plasmó en privado y en público, y enrevesándose con las declaraciones del expresident Puigdemont, directamente implicado en la cuestión, quien recordó el miércoles que “el pleno del Parlament es soberano y ha decidido no suspender” a los diputados procesados. Por tanto, “nosotros ejerceremos por la vía más útil nuestros derechos”, decía.
El acuerdo entre ambos grupos era apoyar un dictamen con dos puntos, en el primero se rechazaba la suspensión de los parlamentarios, y en el segundo se instaba a la delegación en unos diputados que serían sustitutos provisionales, tal y como proponía Llarena en su auto de procesamiento. JxCat, ERC, los comunes y la CUP unieron sus votos en el primer punto del dictamen elevado al pleno por la comisión del Estatuto de los Diputados, para rechazar por mayoría absoluta la suspensión como diputados de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva. En cambio, el segundo punto, que permitía a los suspendidos ceder temporalmente sus funciones mientras se resuelve su situación procesal, se aprobó por mayoría simple con los votos de JxCat, ERC y los comunes, ya que la CUP votó en contra. Ciutadans, el PSC y el PPC no quisieron participar en la votación.
ERC no tuvo reparos ayer en acusar ayer a JxCat de quebrar el consenso dentro de una crisis que dura varios meses hasta el punto de haber tenido el Parlament cerrado tres meses. Los republicanos expresaron su “hartazgo” a pesar de que el portavoz y presidente del grupo, Sergi Sabrià, se mostraba esperanzado al respetar el acuerdo, que los letrados no avalaron porque, a su entender, “no subsana los errores” pero su opinión es consultiva y no vinculante. - D.N.
cs y la unidad del constitucionalismo
Elecciones. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, llamó ayer a los partidos constitucionalistas a sentarse para aplicar la Constitución y el 155 y “asumir que la situación de Catalunya es inaceptable”. El líder naranja insistió en que las fuerzas constitucionalistas tienen que estar “juntas” en esto porque no se puede tolerar que el president de la Generalitat, Quim Torra, no cumpla la ley y además lance un ultimátum al Gobierno. Rivera subrayó que España “no se merece depender de Torra, Puigdemont y Rufián” y urgió a Pedro Sánchez a convocar elecciones. “Por el bien de todos” pidió al líder socialista que admita que la legislatura está “agotada” y le reprochó que haya entregado las “llaves” de la Moncloa a Torra, a alguien que “alienta la violencia y quiere liquidar el Estado”. Ve así una “grave irresponsabilidad” por parte de Sánchez el que tenga a los separatistas como aliados en lugar de los partidos que respetan la legalidad.
