El ex diputado proclama su inocencia

De Miguel y los principales acusados no pactan con la Fiscalía la rebaja de sus penas

El ex diputado foral proclama su inocencia sin saber si el resto de imputados le incriminarán en la presunta trama

07.02.2020 | 12:57
Alfredo de Miguel, ayer junto a su abogado, Gonzalo Susaeta.

gasteiz - La declaración de los 26 acusados por el caso De Miguel arrancó ayer con el testimonio del principal encausado, el exdiputado foral alavés Alfredo de Miguel, que tras no llegar finalmente a un acuerdo con la Fiscalía aseguró ser inocente de los delitos que se le imputan, un testimonio pendiente de un hilo. Es así porque una parte "significativa" de los acusados sí han llegado a un "pacto de caballeros" con el Ministerio Público, según lo denominó el propio fiscal jefe, Josu Izaguirre, en virtud del cual admitirán parte de las acusaciones e incriminarán, presumiblemente, a los principales acusados, Aitor Telleria, Koldo Otxandiano y el propio De Miguel. A cambio, el fiscal haría "determinadas modificaciones en su escrito" de acusación.

Así lo señaló Izaguirre, quien explicó que durante las dos últimas semanas ha mantenido contactos con los 26 acusados, y que de los acuerdos alcanzados cree posible extraer la demostración de que hubo "una trama organizada criminal" dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de facilitar la adjudicación de contratos públicos. No se trata de un acuerdo de conformidad en sí mismo, sino de un "pacto de caballeros", insistió, del que los acusados pueden retractarse durante la declaración, lo que a su vez llevaría a la Fiscalía a hacer "algo más de sangre" en su alegato y en los interrogatorios.

Bajo estas condiciones arrancó la fase de declaraciones de los acusados, en un ambiente de suma expectación y con un nerviosismo patente en el banquillo, donde se ha pasado de buscar una estrategia común liderada por el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, a que cada cual haga la guerra por su cuenta.

En ese contexto, Susaeta reclamó que el fiscal aclarara con quién se había llegado a un acuerdo para adecuar su estrategia en la medida en que su cliente se iba a lanzar a declarar su inocencia sin saber quién o cómo iban a contradecirle en los días sucesivos. De Miguel afronta una petición de pena por parte de la Fiscalía de 54 años de prisión por delitos de asociación ilícita en grado de dirigente, blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias. Además, se le reclama una fianza de 25 millones de euros. Si Susaeta apelaba al derecho a la defensa de su patrocinado para hacer su requerimiento, el fiscal invocaba el de quienes sí han pactado para rechazarlo.

Además, Susaeta reclamó escuchar las grabaciones originales realizadas por la abogada que denunció la presunta trama de corrupción, Ainhoa Alberdi, pues según dijo, el DVD editado por la Ertzain-tza con los diferentes cortes de voz había sido manipulado. El juez Jaime Tapia rechazó reproducir las grabaciones, a las que la defensa había tenido acceso durante las fases anteriores del proceso y sobre las que no se había hecho mención previa, y también se negó a alterar el orden de declaración de los acusados, como reclamó Susaeta.

De Miguel, finalmente, no tuvo más remedio que ser el primero en defenderse de viva voz, y solo respondió a preguntas de su abogado, después de que durante un par de horas se releyeran sus declaraciones ante el juez a petición de la Fiscalía. Aunque Susaeta va a abordar en su interrogatorio los doce bloques en los que se ha dividido el macroproceso, ayer solo pudo sustanciar el primero, el relativo a la empresa Kataia, núcleo de la presunta trama corrupta, y a la adjudicación de la ampliación del Parque Tecnológico de Araba que generó la denuncia de Alberdi. Según De Miguel, Kataia era una empresa real, con personal, sede, cuentas fiscalizadas por la Diputación y recursos materiales y humanos a la que él mismo, Otxandiano y Telleria aportaban sus conocimientos en materia de calidad, contabilidad o topografía, respectivamente, y de la que sus mujeres eran administradoras pese a limitarse a firmar los documentos que sus maridos les presentaban. Según afirmó, nunca percibieron dinero negro, ni pidieron ni se les ofrecieron mordidas.

En relación a su supuesta presión para adjudicar la ampliación del PTA a Urbanorma, De Miguel aseguró que Alfonso Arriola, responsable hace diez años del parque tecnológico, le había consultado sobre empresas capacitadas para acometer esta tarea y que él le facilitó el nombre de tres, entre ellas Urbanorma. No como una imposición, sino en respuesta a su consulta. "Yo no pedí nada a nadie", afirmó el acusado, quien afirmó no haber solicitado "a nadie ninguna comisión ni por el trabajo del PTA ni por cualquier otro".

Negó además que Julián Sánchez Alegría, presidente de la red de Parques Tecnológicos del País Vasco, le avisara de que Alberdi estaba denunciando la supuesta extorsión. "No me ha llamado para nada de Urbanorma y el PTA y creo que para ninguna otra cosa", afirmó.

Según explicó, Kataia había realizado con anterioridad trabajos de asesoramiento para Urbanorma, que le dejó a deber algo más de 30.000 euros. Alberdi, dijo, le dio largas cuando reclamó dichas cantidades, y por ello se dirigió a su padre para pedirle que intermediara con la abogada, dada la amistad que le unía al exdiputado alavés. De Miguel enfatizó que Juan Antonio Alberdi se ofreció a pagar él mismo la deuda, algo a lo que él y Telleria se negaron. Finalmente, según dijo, los socios de Kataia renunciaron a cobrar la deuda con Alberdi.

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