El Govern ve “imparable” el ‘procés’ ante las duras peticiones de cárcel de la Fiscalía

El ministerio público pide 25 años para Junqueras por liderar la rebelión, mientras la Abogacía rebaja las penas a la mitad

07.02.2020 | 16:28
Quim Torra, durante su intervención ayer frente al Centro Penitenciario Lledoners.

El ministerio público pide 25 años para Junqueras. La Abogacía rebaja las penas a la mitad.

pamplona - "Pedro Sánchez es cómplice de la represión", acusó el president Quim Torra. "Sánchez no ha hecho ningún gesto ni nosotros tampoco lo haremos. El Estado ha escrito su sentencia. El procés es imparable", advirtió su vicepresident Pere Aragonès. "Hay un anhelo de venganza y no de justicia", completó el president del Parlament, Roger Torrent. "El Estado en su conjunto, desde el rey hasta la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra el Govern, el Parlament y buena parte de la población. Europa no puede ser cómplice con su silencio de este abuso, vuestra voz es más necesaria que nunca", razonó el exjefe del Govern Carles Puigdemont. La solución a la causa catalana se aleja después de que ayer la Fiscalía, que justificó sus acusaciones empleando hasta en veinte ocasiones la palabra "violencia", tirara por lo alto acusando de rebelión a la cúpula del Govern que propició el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia el 27-O del pasado año. Una visión que el escrito de la Abogacía del Estado reduce considerablemente al eliminar la rebelión y apostar solo por la sedición y malversación.

Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel por su papel como líder de este proceso, condena que solicita la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) por un delito de rebelión que han negado otros países europeos e incluso el expresidente del TS, Pascual Sala, agravado con la malversación que descartó el exministro Cristóbal Montoro. El ministerio público atribuye igualmente ambos delitos a los otros exconsellers del Govern que comandó Puigdemont y que, al igual que el líder de ERC, se encuentran en prisión preventiva - Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa-, para los que solicita 16 años de prisión. A los otros tres procesados entre rejas -la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart- se les acusa de rebelión, pero no de malversación. Con todo, al ser considerados "promotores o jefes" de la rebelión, se reclama para ellos una pena mayor que para los miembros que formaron aquel Ejecutivo catalán (17 años de prisión).

Mientras, la Abogacía del Estado, organismo donde el Gobierno socialista sí puede tener influencia, no solo rebaja esas penas sino que considera los delitos de sedición y malversación en "concurso medial", que uno no se puede producir sin el otro, lo que a efectos de años de cárcel supone también una reducción. Pide para Junqueras 12 años; y 11 para Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa por idénticos motivos; mientras que para Forcadell reclama 10 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por sedición. Al la vez, solicita inhabilitar a todos ellos por el mismo periodo de la condena privativa de libertad. Para los otros tres antiguos miembros del Govern encausados -Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila- la petición de la Abogacía es de siete años de prisión y diez de inhabilitación por malversación y desobediencia grave. Para los Jordis, a los que cree autores de un delito de sedición, pero no con el agravante de autoridad, le pide ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Para los miembros de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, se reclama multa de 10 meses e inhabilitación de un año y ocho meses por desobediencia grave. Este mismo delito se aplica al también exintegrante de la Mesa Josep Nuet y a la dirigente de la CUP Mireia Boya, para los que pide una pena menor: ocho meses de multa y cuatro de inhabilitación.

sánchez, en el foco La principal diferencia entre los delitos de rebelión y sedición, además de las penas, es el componente de la violencia. La rebelión castiga a quienes "se alzaren violenta y públicamente". La sedición, a los que se alcen "pública y tumultuariamente". Los partidos soberanistas (ERC y PDeCAT/JxCat) han presionado a Sánchez para que influyera en la Fiscalía pero el departamento que dirige María José Segarra ha mantenido la calificación de rebelión por la que hace un año apostó el fiscal general José Manuel Maza -fallecido en noviembre pasado-. Esta decisión anula de momento cualquier intento de que el presidente español obtenga el respaldo de estas formaciones para aprobar los Presupuestos y llevará al Govern y al independentismo político y social a exigir, con más peso si cabe, el referéndum de autodeterminación y la absolución de los políticos encarcelados como soluciones para encauzar el diálogo y la negociación. De no ser así, como sostienen, Catalunya será "la tumba de Sánchez. Nos preparamos para una cárcel larga y para un juicio que no será justo", aventuró ayer Junqueras, que afrontará el juicio, como sus compañeros, "con la cabeza bien alta, con la convicción de que en el país que yo quiero nunca será un delito votar y que amar la justicia y la libertad es irrenunciable para cualquier demócrata". No contempla pedir un indulto porque, si lo hiciera, sería lo mismo que admitir su "culpabilidad".

La Fiscalía establece distintos niveles de responsabilidad. En el primero está el líder de ERC, a quien el ministerio público considera, junto a Puigdemont, el principal responsable del procés. A los otros cinco exconsellers del expresident exiliado en Bélgica les sitúa en un segundo nivel de responsabilidad respecto a la rebelión, lo que les enfrenta a peticiones de penas algo más bajas; el segundo gran bloque de las acusaciones engloba a los acusados de rebelión pero que, al no formar parte del Govern, se les exime del delito de malversación. A Forcadell, eso sí, se le atribuye una labor fundamental como presidenta del Parlament al someter a la votación de la Cámara leyes e iniciativas "ilegales". En el tercer bloque están los tres exconsellers que quedan fuera de la rebelión.

Desde el Parlament, arropado por el Govern, JxCat, ERC, CUP y los comunes, Torra avisó a Sánchez de que "el Gobierno español ha perdido la oportunidad para sacar de los tribunales el conflicto que se vive para devolverlo al terreno político. Puede que crea que ganará unos cuantos votos, pero profundiza en una injusticia que afecta a la democracia. ¿Cuánta represión puede aguantar la democracia española?", se preguntó. "A cada golpe nos hemos levantado siendo más y más fuertes", precisó respecto a la fuerza del independentismo. Por su parte, Puigdemont dijo desde Bélgica que ahora toca "dirigirse a todos los demócratas del mundo y concretamente a los del Estado español", a los que aseguró "querer oír" en un momento en el que "el Estado de Derecho peligra". Y resumieron los procesados: "No es un juicio, es una farsa".

claves de la fiscalía

Junqueras. La Fiscalía le atribuye ser el jefe principal o promotor de la rebelión y por ello pide para él la pena más alta, 25 años de cárcel.

Violencia. Aparte de la "incendiaria convocatoria" del 20-S en la Conselleria de Economía, la Fiscalía destaca los múltiples episodios que tuvieron lugar después. Entre ellos el propio 1-O, donde se desataron "actos de violencia y agresión" y "numerosas situaciones de tensión, enfrentamiento y violencia" contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Mossos. Los mandos de la Policía catalana antepusieron las directrices políticas recibidas del Govern al cumplimiento de la ley y dieron cobertura a los ciudadanos movilizados en la calle.

Parlament. La Mesa, presidida por Carme Forcadell, permitió la tramitación y facilitó la aprobación de las denominadas "leyes de desconexión", abiertamente inconstitucionales, "a modo de cobertura normativa del nuevo Estado". Lo hicieron desoyendo todas las advertencias del Constitucional.

Movilización social. Los Jordis tuvieron un "papel crucial", ejercido como líderes de las asociaciones ANC y Òmnium, a través de las que ejercieron "un instrumento de presión" para obligar al Estado a "capitular" a la independencia de Catalunya.

Dinero. Un total de 3,07 millones de euros públicos destinó la Generalitat al proceso soberanista catalán burlando el control del Estado.