pamplona - Los partidos independentistas condenaron ayer las pintadas realizadas en el domicilio del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en Sant Cugat del Vallès por parte de la organización juvenil Arran, próxima a la CUP, un hecho que está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra. El propio Govern, por boca de la consellera de Justicia, Ester Capella, destacó que este tipo de acciones no son “compartidas” por la mayoría de catalanes aunque son acciones “muy aisladas”, a diferencia de las “agresiones fascistas”. “Es un acto no compartido, ya que si en alguna cosa se caracteriza el movimiento independentista es porque es cívico y pacífico y se expresa de otra manera que no es señalando a las personas”, sostuvo Capella en Catalunya Ràdio. Desde el PDeCAT, su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, calificó de “absolutamente inadmisibles e impresentables” las pintadas y las rechazó “de manera tajante”.

“No se puede actuar de esta manera”, recalcó en la Cámara baja el dirigente soberanista, quien reclamó a las organizaciones que “trabajan de esa manera” que dejen de crear problemas y de poner obstáculos al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo para que los catalanes decidan el futuro político de Catalunya. Según precisó, esa es la única forma que hay para abordar el conflicto catalán. Asimismo, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que no le gustan esas pintadas, como tampoco las esvásticas en las sedes de su partido. El político republicano añadió que le sorprende que las pintadas en la casa del juez sean noticia cuando no se habla de las pintadas “casi diarias” que sufren las sedes de los partidos independentistas. En todo caso, Rufián precisó que no le gustan este tipo de actos, que, “como no puede ser de otra manera”, denunció públicamente.

Ciudadanos presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Arran por un delito de odio y debido a su “intolerable campaña de acoso” a los jueces, y reclamó al president Quim Torra que “rectifique” y pida a los “comandos separatistas” que cesen sus actos violentos.

En este escenario, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Catalunya y para Llarena.

La Comisión Permanente del órgano del gobierno de los jueces insta también a la Fiscalía General del Estado, a Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat a que adopten “de inmediato” todas las medidas necesarias para “la persecución de las personas y grupos” que participaron en el ataque. En su nota el CGPJ expone su “más absoluto rechazo” a dicho ataque, llevado a cabo por “un grupo organizado de enmascarados” que “atacaron” la casa de Llarena y de su esposa, la también magistrada Gena Espinosa, mientras se encontraba uno de sus hijos en el interior del hogar, y condena “toda conducta de intimidación” que pretenda dirigirse contra todos los magistrados de Catalunya, señalando su “aliento y compromiso” con ellos y su “reconocimiento más firme y sincero por la labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la comunidad”.

Paralelamente, también se pronunció el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien en un desayuno informativo en Madrid, reseñó que tanto la pintada de la puerta de la casa que el juez como el escrache al diputado de Ciutadans Carlos Carrizosa en Valls, son hechos “puntuales”.

“Creo que nos debe preocupar a todos la crispación, pero tampoco debemos generar alarmismo”, dijo, porque “las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan” y ante la “prepotencia y la soberbia de quienes ejercen la violencia” se aplica “la ley y el Estado de derecho”.