pamplona - La Policía Nacional activó un operativo en 2013 destinada a arrebatar la documentación que Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, tenía en contra del partido. El dispositivo, bautizado con el nombre de operación Kitchen (que recibía su nombre por el apodo de “cocineros” con el que eran conocidos los confidentes próximos a la familia), está siendo investigado por la Audiencia Nacional, ya que se saldó con el robo de material y documentos antes de que el tesorero popular las entregara a los juzgados tal y como se le había requerido.

El operativo, desarrollado presuntamente de manera ilegal, estaba dirigido, entre otros, por el comisario Villarejo, tal y como informa El Mundo. Tras el robo de los documentos, el comisario solo puso a disposición de la Audiencia Nacional una parte de los mismos. Fue el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos -confidente de la Policía- quién fotocopió los documentos robados y los puso en manos del dispositivo policial de Villarejo. Tanto es así, que las pruebas fueron encontradas en el domicilio del comisario en el momento de su detención. De esta forma, Villarejo habría puesto a buen recaudo las anotaciones del ex tesorero vinculadas con María Dolores de Cospedal. Pero, también había otros documentos relacionados con la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam y de contratos que Bárcenas vincula a Cospedal, además de los conocidos Papeles de Rosalía -redactados por la mujer de Bárcenas-, publicados por El Español en 2015 y que desvelaban pagos en negro en la casa del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO) Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, ha pedido de nuevo permiso al juez del caso Villarejo para poder declarar sobre los supuestos pagos al chófer de Bárcenas. La defensa de García Castaño, que ejerce el despacho del exjuez Baltasar Garzón, ya pidió el pasado 10 de octubre que se le permitiera declarar en esta causa sin atenerse a la Ley de Secretos Oficiales para lo que solicitó que se pidiera autorización al Consejo de Ministros. Esta nueva solicitud de este comisario imputado por sus supuestos negocios con Villarejo se realiza a raíz de las nuevas filtraciones relacionadas con el pago al chófer de 2.000 euros al mes durante dos años con cargo a los fondos reservados. - D.N.