El PP propone vaciar de funciones la comisión que estudia los abusos policiales

Rechaza la ley, que tiene la aprobación garantizada en la Cámara vasca, porque ve una Comisión de la Verdad parajudicial

08.02.2020 | 14:16

pamplona - Los partidos con representación en el Parlamento Vasco han puesto sobre la mesa sus enmiendas para la reforma de la ley que busca reparar los abusos policiales registrados entre 1978 y 1999. Este trámite ha servido sobre todo para poner de manifiesto otra vez el rechazo del PP, en el que, como ya era sabido, no han hecho ninguna mella los cambios y las nuevas garantías pactadas con el Gobierno español de Pedro Sánchez para blindar la seguridad jurídica de la ley y retirar el recurso que interpuso precisamente Mariano Rajoy.

El PP sigue aferrado a su rechazo a la ley, aunque en ningún momento está en riesgo su aprobación y verá la luz en las próximas semanas, en cuanto se deje atrás el periodo inhábil de enero y se retomen los plenos a partir del 7 de febrero. El PP, que ya retrasó la aprobación con varias peticiones para ampliar el plazo de enmiendas que impidieron acabar la tramitación el año pasado, registró finalmente sus aportaciones el 19 de diciembre. El espíritu de sus enmiendas busca desmantelar las funciones de la comisión de valoración que estudiará las denuncias y que está compuesta por varios expertos, como el forense Paco Etxeberria. Se niega a que pueda investigar, entrevistar y grabar la entrevista, o recabar datos de las administraciones, porque cree que eso la convierte en una Comisión de la Verdad parajudicial.

El PP se cierra en banda porque, a su juicio, ninguna comisión puede valorar los abusos policiales. Cree que es una tarea que corresponde a los tribunales porque, de lo contrario, se vulnera la tutela judicial efectiva para las fuerzas de seguridad. Pide modificar cinco artículos, pero las enmiendas que resumen mejor su posición se refieren a suprimir los apartados 2 y 8 del artículo 14.

investigación Dice que "incluyen auténticas funciones de investigación, tales como entrevistar y grabar la entrevista al solicitante de las ayudas; recabar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los departamentos y organismos dependientes del Gobierno vasco, así como en otros registros públicos de la misma Administración; solicitar información a otras administraciones públicas, entidades y órganos privados o públicos de los antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes; solicitar informe o testimonio de personas que pudieran aportar información relevante sobre la solicitud presentada, cuya declaración podrá, igualmente, ser objeto de grabación, así como la práctica de testimonios sobre hechos que requieran pericia técnica". "Estas facultades suponen atribuir a un órgano administrativo competencias propias en exclusiva ex artículo 117 CE de los jueces y tribunales de justicia", dicen.

El PP repasa las funciones, como otorgar la condición de víctima, y concluye que "estamos ante un verdadero procedimiento investigador e indagatorio de carácter parajudicial". "En definitiva, se trata de mandatos legales claramente dirigidos a constituir a dicha comisión en una especie de Comisión de la Verdad y no de valoración, es decir, a ejercer un poder parajurisdiccional, con el consiguiente riesgo de atentar frontalmente contra los derechos fundamentales de las personas y al margen de la tutela judicial efectiva", defiende. El PP insiste en que la investigación de los hechos corresponde en exclusiva a los jueces, hayan prescrito o no.

eh bildu critica la reforma Los cambios pactados entre los gobiernos vasco y español refuerzan la idea de que la comisión solo busca ofrecer reparación a las víctimas, sin entrar a señalar culpables, esclarecer los hechos o entrometerse en la labor de la justicia. El PP no ve ningún cambio. Se da la circunstancia de que, en el otro lado de la balanza, EH Bildu cree que el acuerdo con Madrid se ha pasado de rosca. Propone seis enmiendas al articulado y otras once a la exposición de motivos partiendo de la premisa de que se sienta un "precedente muy grave" con esta reforma de la ley de 2016 por la amenaza de recurso. Por ello, pide suprimir artículos que se centran en los cambios pactados con Sánchez, lo que supondría un suicidio judicial para la norma. No obstante, permitirá que se apruebe con una abstención crítica. Cree que sobran las alusiones a la protección del honor de las fuerzas de seguridad y critica que se elimine la alusión al esclarecimiento de los hechos. Se prevé que Elkarrekin Podemos respalde la norma.

La reforma es clave para que el Constitucional archive el proceso, aunque Sánchez ya retiró el recurso. Esa era la principal amenaza. Ahora sobrevuela la de algunos sindicatos policiales y el PP en tribunales. - D.N.