pamplona - Los Mossos advirtieron en dos ocasiones al expresident Carles Puigdemont de que desconvocara el referéndum ante posibles enfrentamientos por “el clima de tensión” en Cataluña, pero este se negó escudado en un “mandato” popular, mientras que Oriol Junqueras les aseguró que “no habría ningún tipo de resistencia”.

Emili Quevedo, máximo encargado del diseño del operativo de los Mossos para el 1-O, compareció ante el tribunal para corroborar el testimonio de Manel Castellví, otro alto mando de la policía autonómica, a la hora de incriminar directamente a Puigdemont como el responsable de seguir adelante con el referéndum, desoyendo las advertencias de “problemas de seguridad” para aquella jornada. Según afirmó Castellví, en la reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn no hubo “injerencias políticas” en el plan de actuación de los Mossos, un plan que, apuntó, preveía el uso de la fuerza y las condiciones que debían darse para recurrir a ello. Sin embargo, finalmente, los hechos “no desbordaron” ese plan de actuación.

El comisario matizó que las previsiones que habían hecho de episodios de violencia durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 no se cumplieron, pues subrayó que no se constituyeron los grupos que se habían señalado como los que podían alterar el orden. Castellví incurrió en alguna contradicción con respecto a la declaración que prestó el pasado jueves a las acusaciones. Si en aquella ocasión aseguró que la policía autonómica tenía una “grave preocupación” sobre lo que podría ocurrir el 1-O, ayer puntualizó que en la subcomisión de información del día 28 de septiembre, que reunió a miembros de los departamentos de información de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, se hizo mención a que no se preveía riesgo de grupos violentos o resistencia activa.

“La información que compartimos los tres cuerpos es que el escenario que nos encontraríamos a primera hora del 1-O es que habría gente haciendo resistencia pasiva”, destacó Castellví, quien añadió que a esa reunión no asistió el que entonces era el coordinador del dispositivo policial para el día del referéndum, el coronel de la Benemérita Diego Pérez de los Cobos.

Esa información se compartió en sendas reuniones el 26 y 28 de agosto de 2017 en las que “obviamente”, dijo, los Mossos les trasladaron la posibilidad de “choques” y “enfrentamientos” entre los concentrados y las fuerzas de seguridad del Estado haciendo constar en varias ocasiones que su prioridad era cumplir la orden judicial de impedir el referéndum. Pero la respuesta de Puigdemont, cuya presencia en esos encuentros dejaba ver que “eran reuniones casi sin precedentes”, explicó Quevedo, fue tajante: “Dijo que el Govern tenía un mandato que cumplir y que lo iban a cumplir y llevar adelante, porque había sido avalado por los resultados electorales”. En aquellas citas, detalló, Forn calló y Junqueras, que solo estuvo en la del 28, “dijo que no habría ningún tipo de resistencia” y que “cuando los agentes intervinieran, la gente iba a dejar que pacíficamente los cuerpos policiales actuaran” para cumplir con el mandato judicial de cerrar colegios y requisar las urnas. “Es obvio que ellos conocían que una cosa y otra era incompatible”, añadió Quevedo, quien reveló que la policía catalana era consciente de que había “una posibilidad real” de no poder impedir el 1-O. Y es por ese motivo, destacó, que era “muy importante” contar con el apoyo de los 6.000 policías y guardias civiles destinados el 1-O ante la necesidad de que los agentes tuviesen “una mínima capacidad disuasoria”.

A diferencia de lo que señaló el Govern en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, donde dijo que los Mossos tenían capacidad suficiente para impedir el 1-O, ayer Quevedo reconoció que dada “la envergadura” del dispositivo policial, era “muy importante y muy relevante” contar con el “apoyo” de la Policía y la Guardia Civil. El dispositivo de los Mossos, según precisó Quevedo, buscaba tener “cuanto menos presencia policial”, con “al menos dos o tres uniformados”, pero en “todos y cada uno de los centros”.

Quevedo, investigado en un juzgado de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por supuesta pasividad en el 1-O y hasta la fecha el único imputado que ha accedido a declarar como testigo pese a que la ley le permite no hacerlo, señaló que en los días previos al 1-O, los Mossos calcularon que se necesitarían “entre 30.000 y 40.000” agentes para impedir el referéndum.

El comisario dejó descolocado al fiscal cuando le dijo que se activaron el doble de efectivos que en una jornada electoral. Al final, puntalizó, se destinaron 7.850 frente a los “entre 2.500 y 3.500” que se destinan “de forma específica” en una jornada electoral, pues sabían que el 1 de octubre no podían actuar “como en cualquier otra jornada electoral normal” porque era “una actividad política que había sido prohibida”.

Respecto al 20-S, reconoció que el pasillo para garantizar la salida de la comitiva judicial de la Consellería de Economía lo tenían que hacer agentes del cuerpo, ya que esa responsabilidad “no podía recaer” en voluntarios, que establecieron un corredor a instancias del entonces líder de la ANC Jordi Sànchez.

Una jornada en la que los Mossos activaron un helicóptero al saber que había armas en los vehículos de la Guardia Civil, lo que permitió que a las dos de la madrugada intervinieran de forma “contumaz” al ver a concentrados sacar objetos de los coches.

documentación electoral Ya por la tarde, tres directivos de Unipost explicaron que recibieron tres palés con más de 40.000 certificaciones para los miembros de mesas electorales del 1-O con el logo de la Generalitat -que fueron intervenidos por la Guardia Civil- pero que al no tener albarán ni orden de entrega, no las entregaron jamás. Aunque lo más llamativo fue cómo fueron recogidas por esta empresa. Un sábado por la tarde, un directivo de la empresa acudió solo, con una furgoneta, a un polígono para cargar los palés de unos “transportistas” que aparecieron en “una furgoneta blanca”, sin entregarle documento alguno. “Ni un triste papel, no nos dieron nada”, dijo el entonces jefe de Producción de Unipost, que subrayó que al no tener documentación, nunca llegaron a facturar nada, como recalcó otro testigo que precisó que existía un contrato marco con la Generalitat, de manera que suponía que este encargo figuraba dentro. - D.N.