pamplona - La declaración ayer de Josep Lluís Trapero como testigo en el juicio del procés había generado gran expectación. Y el que fuera major de los Mossos d’Esquadra superó cualquier expectativa protagonizando un desmarque de 180 grados respecto a las estrategias desplegadas por los acusados. Trapero calificó el referéndum del 1-O de “ilegal”, tachó a su entonces responsable político, el exconseller de Interior Joaquim Forn, de “irresponsable” por asegurar que los Mossos permitirían el 1-O, defendió que la actuación de la Policía catalana fue escrupulosa con la legalidad y fue más allá: reveló que, dos días antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, los Mossos habían diseñado un dispositivo para detener al expresident Carles Puigdemont y los consellers, si eran requeridos para ello. El mismo día de la aprobación de la DUI pusieron dicho plan en conocimiento del TSJC y la Fiscalía. No obtuvieron respuesta.

La primera incógnita, si Trapero se acogía a su derecho a no declarar por estar pendiente de otro juicio en la Audiencia Nacional -se enfrenta a 11 años de cárcel por un delito de rebelión-, se revolvió rápidamente. El mando respondería a todas las partes, no en vano el resultado de este proceso en el Tribunal Supremo afectará invariablemente al suyo propio, por lo que parecía lógico que empezara a cimentar su estrategia de defensa desde ya. Y lo hizo con una afirmación sorprendente: que en octubre de 2017 comunicó a los órganos judiciales que se ponía a su disposición por si ordenaban “algún tipo de acción” relacionada con la aprobación de la DUI, actuación que, precisó, “teníamos prevista desde hacía dos días”.

Con un cierto punto de ingenuidad, el exmajor admitió que la Policía catalana desconocía entonces la “trascendencia jurídica” de la Declaración Unilateral de Independencia aprobada en el Parlament o en qué delitos se podría haber incurrido, pero lo veía como algo “aparentemente de una cierta gravedad”. Al final del interrogatorio del abogado de Joaquim Forn, precisó que dicha comunicación a los órganos judiciales se produjo el mismo 27-O por teléfono, “por si ordenaban algún tipo de acción que ya teníamos prevista”. A la pregunta de qué tipo de actuación se trataba, contestó: “La detención de Puigdemont”. El expresident y cinco de sus consellers huyeron a Bélgica tan solo tres días después, donde permanecen.

Josep Lluís Trapero acudió ayer al Tribunal Supremo, pero su presencia ha sido una constante en las declaraciones de acusados y testigos. No en vano, la actuación de los Mossos es un aspecto fundamental del referéndum del 1-O, en el que se produjeron violentas cargas de la Policía española y la Guardia Civil contra los ciudadanos, lo que ahora han tratado de negar en el juicio los responsables del Interior en esa época. Cabe recordar que la forma de proceder de los Mossos y del propio Trapero, valorada positivamente por su respuesta a los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Catalunya, también fue saludada por la ciudadanía catalana con motivo del 1-O.

Trapero atribuyó ayer esa actuación a que la jueza del TSJC, Mercedes Armas, en la reunión en la que entregó a las distintas fuerzas de seguridad el auto que ordenaba impedir la celebración del referéndum, les pidió que procedieran “con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social”. Agregó que él mismo pidió a Forn una reunión con Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras en los días previos al referéndum, en la que “les trasladamos nuestra preocupación porque iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías y eso iba a provocar conflictos graves de orden público”. “Les emplazamos a cumplir la legalidad y les dijimos que los Mossos no iban a quebrar con la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista”, zanjó.

Marchena pregunta. La declaración ayer de Trapero fue especial en varios sentidos. Fue la más larga de lo que lleva transcurrido el juicio, seis horas y diez minutos. Y culminó con un hecho inédito hasta ahora: el presidente del tribunal, el juez Marchena, preguntó por primera vez, en este caso a un testigo. Y curiosamente lo hizo por un aspecto, las reuniones con el Govern antes del 1-O, por el que había impedido preguntar antes a las partes.