La cúpula de Interior del PP premió a un confidente clave en la guerra sucia contra Podemos

Interior decidió conceder a Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano, una autorización de residencia en España durante un año por "circunstancias excepcionales" debido a "razones de colaboración con las autoridades policiales", según la información adelantada por 'El País'.

El permiso de residencia fue firmado el 11 de abril de 2016 por el entonces 'número dos' de Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En el documento no se detalla en qué se basó dicha cooperación, pero el propio Arias declaró ante notario que desde febrero de 2016 trabajaba como "informador para la Policía española".

Podemos, que ejerce la acusación popular en el 'caso Villarejo', registró un escrito el pasado mes de octubre en el que planteaba al juez la "posible existencia de una ramificación periodística de la organización delictiva", a la vista de la filtración en medios de material del comisario que aún no se había catalogado en la instrucción.

Pablo Iglesias insistió esta semana en esta tesis tras declarar en la Audiencia Nacional, que también investiga en el marco del 'caso Villarejo' el uso de fondos reservados para captar al chófer de Luis Bárcenas para sustraer información sensible al extesorero del PP.

ESCRITO DE PODEMOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL En su escrito, Podemos apuntaba que esa "ramificación periodística podría venir actuando con anterioridad a las difusiones de información confidencial" y solicitaba una batería de diligencias sobre las "intoxicaciones" informativas que consideraba podían estar orquestadas desde el entorno de Villarejo, tal y como avanzó ayer 'Vozpopuli'.

Así, pedía al juez que se investigase "si entre la documentación intervenida en esta causa existe cualquier tipo de información, documentación o constan grabaciones relativas a un supuesto informe policial elaborado en la Dirección Adjunta Operativa del CNP que investigó el presunto pago por el Gobierno de Venezuela a Pablo Iglesias", información que fue publicada motivando que el líder de Podemos interpusiera una demanda contra el digital que lo difundió, OKdiario.

Argumentaba la solicitud en que tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial que vieron el caso desestimaron la demanda de Iglesias, "razonando que la noticia era veraz dado que se fundaba en algún tipo de pesquisa policial". Para ello, OKdiario presentó un escrito firmado ante notario en el que ese confidente venezolano acreditaba su condición y la autenticidad de la orden de pago que había recibido de la Policía por sus servicios.

El propio Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, investigado ahora en el caso Villarejo, testificó en aquella vista que existía "algún tipo de informe policial proveniente de la propia DAO" que había investigado estos hechos, un informe que "nadie ha visto", según recogía el escrito de Podemos al que ha tenido acceso Europa Press.

UNA INVESTIGACIÓN POLICIAL SOBRE PABLO IGLESIAS Por eso, solicitaba además que se investigase si entre la documentación intervenida a Villarejo constaba la autorización de residencia al confidente venezolano "sin ningún número de expediente" y firmada por el entonces jefe de sección de la Comisaría General de Extranjería y el que era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Podemos recordaba en ese escrito que lo único que constaba sobre las razones de aquel permiso de residencia era lo que el propio confidente había manifestado en su día ante notario y que constaba en el acta que se presentó para desestimar la demanda de Pablo Iglesias.

Decía que llevaba colaborando desde el mes de febrero de 2016 "como informador con la policía española aportándole todo tipo de documentos sobre el dinero que ha aportado el Gobierno bolivariano de Venezuela tanto al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) como a Podemos y sus dirigentes, entre otros, Pablo Iglesias Turrión. En este último caso se utilizó supuestamente en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas". "Toda esta colaboración ha sido autorizada y requerida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España", añadía.

El propio Villarejo, que declaró ayer sobre este asunto en la Audiencia Nacional, dijo ante el juez que hubo una "investigación policial" sobre Pablo Iglesias en la que él habría "vehiculizado" información que obraba en su poder y en concreto, el contenido de un teléfono móvil con información personal del líder de Podemos que le fue sustraído a una estrecha colaboradora suya en 2016 y parte de cuyo contenido acabó publicado en prensa.

"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS" No obstante, las filtraciones apuntadas por Podemos en aquel escrito, del que Fiscalía solicitó dar trámite directamente a la Unidad Investigadora tal y como avanzó Vozpopuli, iban más allá de asuntos relativos al partido.

Solicitaba, por ejemplo, que se investigasen las relaciones entre distintos periodistas y el entorno de Villarejo en relación con el caso 'pequeño Nicolás' y la difusión de una conversación entre el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y agentes del CNI, asunto que está judicializado en Plaza de Castilla.

Ayer, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que había llegado el momento de que se pidan "responsabilidades políticas" a los anteriores dirigentes de este departamento ministerial por la supuesta vinculación del 'caso Villarejo' y la sustracción de un teléfono con información del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Es una vergüenza que se haya podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente adyectos", comentó. También calificó de "grave" casos instruidos en la Audiencia Nacional como 'Kitchen', el supuesto espionaje policial sobre Luis Bárcenas sin conocimiento previo de los jueces. "Obedece a una utilización torticera, fraudulenta y partidista de las instituciones del Estado", aseguró Marlaska.