pamplona - Una de las prioridades del Departamento de Derechos Sociales en esta legislatura ha sido reforzar la cohesión social de Navarra y luchar contra la pobreza y la exclusión, especialmente la pobreza infantil, como efecto más negativo de los recortes sociales y la grave crisis económica de estos años. La nueva ley de Renta Garantizada (RG) aprobada este legislatura, que amplió coberturas, concretó las cuantías en función del número de integrantes de la unidad familiar y vinculó la percepción de la ayuda a la búsqueda de empleo ha sido, junto al nuevo Plan de Inclusión Social, un instrumento eficaz cumplir los objetivos propuestos: reducir la pobreza severa a la mitad y garantizar la inserción laboral de todas las personas perceptoras de renta garantizada, hasta tal punto que la ley obliga a la Administración Pública proporcionar un empleo a los dos años de estar en el programa.

Especialmente destacable es el incremento de un 42,5% de las familias con derecho a percibir la renta garantizada desde 2015, así como el incremento de un 30,6% en el número de menores de edad protegidos por esta prestación, alcanzando la cifra en junio de 2018 de 7.798 menores. Para los gestores del cuatripartito, en palabras de Miguel Laparra, “la mejora en la inversión social comienza a dar sus frutos”. Con el último dato disponible de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, Navarra ha reducido su tasa de pobreza un 7,8%, siendo la CCAA con menor tasa, y a mayor distancia que el año anterior.

Las medidas sociales y las prestaciones han logrado sacar de la pobreza severa a 12.000 personas en esta legislatura, “no basta con el desarrollo económico para combatir la pobreza. Son necesarias políticas sociales que apuesten por lograr una sociedad más justa, más igualitaria y con menos indice de pobreza”, afirmó Laparra. La estadística evidencia que, tras una subida importante de recursos, las solicitudes empiezan este año a bajar porque baja también la necesidad.

12.562 familias con rg Navarra, según el Observatorio de la Realidad Social, es la segunda CCAA que más invierte en renta básica. En cuanto al paraguas de la renta garantizada, en la que en 2018 e invirtieron 103 mil euros (5,5% más que en 2007), destaca que entre 2012 y 2018 ha habido 4.000 familias más protegidas gracias a la ampliación de derechos prevista en la nueva ley (15/2016), siendo los menores los más beneficiados (36,5%).

Y es que la mejora económica y de empleo han ido de la mano con la renta garantizada. El Gobierno ha destinado 1,3 millones para subvencionar contratos laborales. Frente al discurso de que la RG desincentiva el empleo, han aumentado a entre 5.600 y 6.900 el número de personas que ha podido completar sus ingresos con la RG, la cual ha posibilitado suscribir 21.064 contratos en 2018.

Las cifras lo dicen todo y se consta que con la recuperación económica y las medidas sociales arranca el descenso de solicitantes de RG. En marzo de 2019 hubo 1.565 solicitudes frente a 1.735 del mismo mes de 2018, año que concluyó con 12.562 familias perceptoras (22 familias más que en diciembre de 2017). Este año, las nuevas solicitudes han bajado un 4,2% en enero y febrero, respecto a los mismos meses del año anterior, y un 9% respecto a marzo. El Gobierno de Navarra reforzó el sistema de control de posibles incumplimentos (críticas de supuestos fraudes que desmontó la Cámara de Comptos) y en un 72% de inspecciones se detectaron apenas un 4,4% de incumplimientos. O sea el fraude es mínimo y, además, de cada euro de ayuda 1,002 € revierte a la economía foral. - L.C.H.

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Euros es la renta media que recibe cada unidad familiar perceptora de RG, un 34% más que en el año 2014, antes del cambio de gobierno. La nueva ley, establece las cuantías en función del número de beneficiarios de la unidad familiar (entre 610, 80 y 1.221, 60 euros).

12.562

Unidades familiares percibieron la prestación económica a lo largo del año 2018. Este año 2019 ha arrancado con un descenso de las solicitudes. El 40,9% de beneficiadas residen en la zona básica de Pamplona.

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Millones es la cuantía invertida por el Gobierno foral en el pago de esta renta básica en 2018. De las 16.078 familias que pasaron por el sistema, 10.515 tenían nacionalidad española y 5.563 otra nacionalidad.