Hace poco más de quince días, el navarro Santos Cerdán León era diputado y secretario de Organización del PSOE. El hombre fuerte de Sánchez, el que movía todos los hilos en Ferraz. Ayer, último día de junio, pasó su primera noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, adonde lo mandó el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, después de la esperadísima declaración del político milagrés. Cerdán compareció durante hora y media en la que solo respondió a las preguntas de su abogado, Benet Salellas, y en la que sostuvo una tesis: que él es inocente, que no se ha enriquecido –ni él ni el partido del que lo era todo hasta hace poco–, que el informe policial reproduce episodios inciertos y que es víctima de una persecución política porque él es uno de los arquitectos de los gobiernos progresistas en España.
La estrategia de defensa no convenció al juez, que decretó para él prisión provisional y sin fianza por el riesgo de destrucción de pruebas que entiende que existe justo ahora, muy al principio de la investigación en el caso de Cerdán –no así en los casos de Ábalos y Koldo–, cuando todavía quedan –dice el juez– muchos dispositivos y materiales que revisar. Todo ha ido muy rápido, pero también va a ir para muy largo.
Lo nuclear es lo siguiente: el juez aprecia “notabilísimos indicios” de que Cerdán ha participado en la comisión de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, los delitos arquetípicos de la corrupción política. Las partes propusieron otros, adicionales. La Fiscalía, por ejemplo, sugirió ayer un posible delito de malversación de caudales públicos. Y las acusaciones, reunidas en torno al PP –el grupo que primero se personó–, solicitaron también investigar si existió, en el comportamiento del exdiputado, un delito contra la Hacienda Pública. Quedará para más adelante.
De momento, el motivo por el que Cerdán está ya en la cárcel, aparte de por el riesgo de destrucción de pruebas, es por que el político milagrés, a juicio del instructor, es la piedra angular de una trama dedicada a cobrar mordidas por parte de empresas en la adjudicación de obra pública. En ese esquema, en el que cada uno tiene un rol –Ábalos el suyo; Koldo, el suyo; los directores generales y los empresarios, otros...–, Santos ejercía un papel predominante, dice el juez. Es el que está en lo alto de la cúspide. Puente habla de “relación vertical”. “Era la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas”, dice el juez, “a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones”. En una pieza adjunta se detallará con un poco más de precisión este punto, pero el juez habla de alrededor de 537 millones en contratos maleados.
Cerdán, en el centro
El juez dice que “Cerdán era quien se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicaciones las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacía llegar después a los señores Ábalos y García”, dice un auto durísimo.
El Supremo considera que para apuntalar esta línea de investigación hay elementos suficientes, pero que todavía habrá más. Puente habla de indicios “homogéneos y consistentes” verdaderamente “extraordinarios”. No es nada habitual, dice el juez, que de un caso haya conversaciones protagonizadas por los implicados. Ni que las conversaciones resulten tan “regularmente explícitas”. De hecho, las conversaciones recogidas en el informe de la UCO resultan tan elocuentes que no solo han sido suficientes para implicar a los imputados, sino para saber su particular posición en el embrollo, que es una de las claves de todo este asunto. Además, el juez apunta a un elemento clave: de forma voluntaria o involuntaria, Cerdán, en la declaración de ayer, no cuestionó de forma directa el “inequívoco” contenido de unos audios que, para la justicia, son reales. El juez, como se detalla en una pieza adjunta, dio ayer un espaldarazo a los audios conseguidos por la Guardia Civil de entre los registros a Koldo García –no hay que perder de vista que fue el ex asesor de Ábalos quien tenía este material bien guardado–, y prácticamente enterró la posibilidad de que hayan sido manipulados o creados con inteligencia artificial.
Otro punto importante para la línea que lleva el Supremo es que Cerdán tenía una “inequívoca vinculación con la mercantil Servinabar”, la empresa pequeña que resultó adjudicataria –en compañía de Acciona– de varios proyectos millonarios. El juez cree que Cerdán tenía cierta capacidad de administración en la empresa y valida el documento encontrado por la UCO en casa de Antxon Alonso y que disponía una compra de acciones por parte de Cerdán, aunque ayer el exdiputado dijera que ese documento, que reconoció que existe, nunca fue elevado a ningún registro y no tiene validez. Además, el juez también ve factible que, efectivamente, Cerdán estuviera detrás de varios nombramientos que al final participaron, de una forma u otra, en adjudicaciones públicas. Los hechos son muy graves y por eso el juez viene a decir que le sorprende la estrategia utilizada por Cerdán. Por ejemplo, el instructor critica la “imprecisa y genérica impugnación de las grabaciones obrantes en la causa”, algo que, aunque legítimo, subraya el juez, “carece en este momento de una mínima consistencia”. Y también que la baza utilizada por Cerdán haya sido la de que está imputado por una “suerte de reacción de determinadas fuerzas, cuya identidad no termina de concretar, disconformes con su decisiva participación en la formación de un Gobierno progresista, y en particular con respecto a su intermediación o negociación con otras formaciones políticas nacionalistas (lo mismo vascas que catalanas)”.
No es literalmente el último párrafo del auto, pero es una de las ideas finales. El juez la deja por escrito y suena a que esto continuará por mucho tiempo. Puente dice que es obvio que el riesgo de destrucción de pruebas por el que Cerdán está en prisión disminuirá conforme avance la investigación, que “coincidirá con el análisis de los muy numerosos efectos ya intervenidos en los registros practicados y de las actuaciones que se sucedan en la presente causa especial”. Es decir, que todavía queda mucho material por salir.
Más implicados
Más allá de las acusaciones directas contra Cerdán, el juez hace hincapié en que la trama no se reduce únicamente a los tres principales implicados. Según Puente, existen indicios de que el reparto del dinero ilícito alcanzó a otras personas y empresas aún por identificar. En su resolución, señala que se habría producido un desvío de aproximadamente cinco millones de euros, de los cuales solo una parte está trazada. Ábalos y García habrían recibido un millón de euros, mientras que otra cantidad, de momento sin concretar, habría acabado en manos de Cerdán. El juez insiste en que resulta “poco verosímil” que este último distribuyera el resto del botín de manera “completamente desinteresada”, lo que refuerza la sospecha de que otros beneficiarios permanecen ocultos.
En este sentido, el magistrado destaca que parte de los fondos podrían haber sido entregados a personas físicas y jurídicas cuya identidad aún no se ha podido esclarecer. De hecho, en la investigación preliminar se apunta al posible amaño en adjudicaciones de obras —principalmente a favor de Acciona— por un importe superior a 537 millones de euros, de donde se habría extraído una comisión estimada del 1%. Según el cálculo de Puente, aproximadamente el 80% del dinero no se sabe dónde está ni quién lo recibió, lo que abre la puerta a nuevas imputaciones.
Es un párrafo final quizá más aventurado, porque parte de poco menos que de una suposición, sin más sustento que la práctica común, dice el juez. Para un lego en Derecho, suena incluso un poco forzado. En un momento dado, dice que no es posible que, con semejante volumen de adjudicaciones, el dinero en coimas sea tan bajo. Los 550.000 euros y los 450.000 que se adeudan, según los audios de Koldo, son porcentajes “insólitamente mínimos en el marco de esta clase de operaciones delictivas”. Y aquí lanza la hipótesis: si la trama se hubiera quedado solo con un 1% de las adjudicaciones –porcentaje muy “contenido”, precisa el juez–, dicho premio ascendería a los cinco millones de euros. Esto le permite pensar que no es descartable que la trama sea más grande, que toque a más personas.
Con esta resolución, el magistrado deja claro que la investigación no solo se centra en los nombres conocidos, sino que se dirige ahora a desentrañar quiénes más —personas y empresas— pudieron lucrarse con el entramado.
Y, además, el juez desliza que Cerdán, si es que es verdad que era el que repartía, estaba en disposición de distraer la mejor parte. “La persona encargada de hacer las gestiones con los pagadores estaría en la mejor disposición”, dice el auto. No es poca cosa. El juez viene a decir que tiene que haber más dinero. O bien para Santos, escondido o en algún lugar, o bien para alguien, o bien para alguna organización. Cerdán sostiene que tiene el mismo patrimonio que cuando entró en política. Ahora, la Guardia Civil va a investigar todo su patrimonio. Pero la declaración no es casual cuando se ha insinuado, ya desde el informe de la UCO, que toda la trama podría tener una derivada institucional vía financiación ilegal del PSOE. De momento, la policía judicial investiga el origen y el contenido de centenares de cuentas bancarias vinculadas a la trama.
Por qué Cerdán sí y Ábalos y Koldo no
Que Cerdán esté en la cárcel y que Ábalos duerma en su casa de Valencia no significa que el exministro tenga menos culpa que el navarro. Es lo que dice claramente el juez instructor en el auto que llevó ayer a prisión al expolítico navarro, donde explica por qué Cerdán sí está en prisión provisional y Koldo García y Ábalos, implicados en la misma trama y con responsabilidades similares, están en libertad.
Hay una explicación fácil de entender. Ha sido cuestión de los tiempos. La causa estalló hace más tiempo para Koldo García y el extitular de Transportes. La policía ha registrado las casas de ambos y tiene muchísima más información de ellos, porque ha requisado dispositivos móviles y papeles. Ya no pueden distraer nada, porque todo el material lo tiene la policía. Por eso el juez, el otro día, mantuvo las cautelares mínimas: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de firmar en un juzgado cada 15 días. De hecho, de los discos duros de Koldo –tres teléfonos Iphone y una grabadora Phillips– han salido los audios que han dado la vuelta a la política española. No ha ocurrido así en el caso de Cerdán, que está recién imputado y al que no han podido investigar. A partir de ahora será cuando la policía conozca su situación patrimonial y analice todos sus dispositivos, cosa que hasta ahora no había podido hacer por mantener su aforamiento y no estar imputado en la causa –iba a declarar el día 25, pero de forma voluntaria hasta que el Congreso autorizara su imputación–. De hecho, el juez dice que no se le ha podido hacer un registro domiciliario porque era diputado en Cortes Generales.
De ahí que el juez haya decidido meterlo en la cárcel: dejarlo libre, razona el instructor, habría abierto la posibilidad de que Cerdán destruyera pruebas justo cuando la investigación sobre su persona acaba de empezar. Desde hoy mismo, la defensa de Cerdán hará aportaciones a las diligencias para suavizar la situación de su cliente. Una de las primeras peticiones tendrá que ver con abandonar la cárcel, una vez la policía tenga todos los dispositivos y documentos del exdiputado.
Por último, un apunte
Hay una derivada que tiene pinta de otra ramificación hacia Navarra. El juez cree que Cerdán estuvo detrás del nombramiento de Javier Herrero Lizano para la dirección general de Carreteras del Estado, y de su intervención activa en adjudicaciones de obra –entre ellas los desbloqueos en la N-121-A, la A-15 o Belate– ha deducido testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 2. Habrá que ver.
