Los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez exigen que el Gobierno actúe con contundencia ante el avance del caso Koldo-Ábalos-Cerdán: no solo castigar a los políticos implicados, sino también sancionar con dureza a las empresas que paguen sobornos para obtener contratos públicos. Mientras Acciona abre una investigación interna y despide a su exdirector de Construcción, ERC, Sumar y otros grupos ya preparan reformas legales para blindar el sector público frente a la corrupción.
El informe de la UCO que implicó al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el caso Koldo apunta a al menos cuatro empresas, entre ellas Acciona, que presuntamente habría pagado contraprestaciones económicas al exministro José Luis Ábalos y su exasistente Koldo García a cambio de contratos públicos; y Servinabar, una pequeña mercantil navarra que ejecutaba obras a través de una UTE con Acciona.
Esta constructora ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades y ha despedido al que fuera su director de Construcción para España, mientras que Servinabar ha rechazado que pueda imputarse a esta empresa ningún delito y ha negado que Cerdán haya sido o sea socio de la misma, como apuntan los informes de la UCO.
Castigo máximo
Los aliados de Sánchez quieren que el castigo para las empresas que paguen comisiones sea máximo. Que se les impongan sanciones "de por vida" y multas millonarias, resumió el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, tras reunirse esta semana con Sánchez en la Moncloa.
Según explicó, Sánchez se comprometió a mejorar la persecución de los "corruptores" y ERC presentará una propuesta legislativa para ello.
Se ha adelantado Sumar. Desde ese grupo, Más Madrid ha registrado ya una proposición de ley para modificar el Código Penal y la Ley de Contratos del Sector Público para perfeccionar la lucha contra la corrupción política y económica.
En 2010 se fijó por primera vez en el Código Penal la responsabilidad penal de las empresas por corrupción de los negocios, es decir, el pago de sobornos para obtener ventajas competitivivas; y en el catálogo de penas se incluyó la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o gozar de beneficios fiscales.
Pero esas penas, alerta Más Madrid, no se incluyeron entre las posibles medidas cautelares que pueden aplicarse, con lo que durante años los recursos públicos quedan desprotegidos, ya que la instrucción judicial de estos delitos es enormemente compleja y pasa mucho tiempo hasta que se dicte sentencia.
Las condenas, además, han sido escasas, ya que no basta con que el delito cometido por una persona física beneficie a la empresa, sino que hay que acreditar, por ejemplo, la falta de medidas de control adecuadas para impedir las prácticas corruptas.
Los Comunes y el BNG también han pedido iniciativas para evitar que empresas y personas condenadas contraten con el sector público y el PNV ha coincidido en la necesidad de tomar medidas que afecten a las empresas.
Investigación interna en Acciona
Tras publicarse las informaciones sobre las presuntas contrataciones públicas irregulares que habrían beneficiado a Acciona, la empresa emitió un comunicado para expresar su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" y anunciar la apertura de una investigación para analizar una "posible elusión de los controles internos".
En aquel primer comunicado, fechado el 12 de junio, subrayaba que Fernando Agustín Merino Vera, al que expresamente se señalaba en las diligencias judiciales, fue despedido de la compañía el 12 de abril de 2021.
Merino es uno de los cinco empresarios que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido imputar en un auto dictado este mismo viernes.
Junto a Merino está Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar 2000, que según la UCO transfirió el 45 % de las participaciones de la compañía a Cerdán en 2016.
También están imputados Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR); y José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
De acuerdo a los indicios reunidos hasta el momento, todos ellos podrían haber efectuado pagos irregulares para lograr adjudicaciones de obras públicas, según el juez, que ha pedido además información sobre las cuentas o productos bancarios de los imputados y de las empresas en cuyo beneficio podrían haber actuado.
El Gobierno de Navarra se persona en la causa de licitaciones de obra pública
El Gobierno de Navarra acordó en una sesión extraordinaria celebrada este viernes la personación como acusación particular en la causa penal que se tramita en la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de la cual se inscribe el informe de la UCO de la Guardia Civil. “Desde la premisa de que al menos parte de las empresas citadas en dicho informe policial han resultado adjudicatarias de obra pública del Ejecutivo foral, se demanda la personación como acusación particular en tanto que el Gobierno de Navarra ha podido ser víctima de los hechos que se están enjuiciando”, según señala el Ejecutivo en un comunicado.
En concreto, se apunta que “han podido producir daños para la Hacienda Foral por la comisión de actuaciones ilegales en licitaciones públicas”.
La personación, en palabras de la presidenta, María Chivite, se lleva a cabo “en defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra”, en una iniciativa alineada con las tres auditorías ordenadas por la propia presidenta como “garantías adicionales” para una “transparencia reforzada”, aun sin constar ilegalidad en ninguna de las adjudicaciones del Gobierno de Navarra.
El Ejecutivo recuerda que Chivite ya instó a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción el examen suplementario de sendas promociones de vivienda protegida en Egüés y Ripagaina, la reforma del Archivo de Navarra, la adecuación de oficinas en el Navarra Arena y la duplicación del túnel de Belate. La misma solicitud se formuló al Parlamento de Navarra para su encargo a la Cámara de Comptos con la excepción del contrato de Belate, sobre el que el órgano fiscalizador ya emitió informe. Con posterioridad se ha incorporado a ese doble listado abierto la adjudicación del colegio público de Arbizu. En lo que atañe a la auditoría externa comprometida, se están analizando las fórmulas técnicas para proceder a su licitación "a la mayor brevedad".
