El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado ante el juez haber participado en repartos de mordidas o en presuntas adjudicaciones irregulares y ha atribuido la apertura de esta causa judicial a una persecución política por haber negociado la investidura de Pedro Sánchez con el PNV y EH Bildu.
Durante su declaración en el Tribunal Supremo, tras la que la Fiscalía y las acusaciones han pedido su ingreso en prisión incondicional, Cerdán ha dicho que el siguiente en ser perseguido será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haber sido quien negoció con Junts, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Investigado por presunta organización criminal y cohecho, el ex número tres del PSOE ha negado tajantemente su implicación en ningún presunto reparto de mordidas, fruto de la supuesta adjudicación fraudulenta de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes (2018-2021).
A preguntas de su abogado, Cerdán ha explicado que él no intervino en adjudicaciones públicas y ha atribuido la apertura de esta investigación judicial a lo que considera una persecución política por conseguir un Gobierno progresista y ha hablado de "fango".
Uno de los principales indicios de esta causa que investiga el juez del Supremo Leopoldo Puente son las conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García, exasesor de Ábalos, en las que aparecen hablando de dinero.
Al respecto, según las fuentes, Cerdán se ha limitado a anunciar que solicitará una prueba pericial de esas grabaciones.
El que fuese número tres del PSOE ha declarado por primera vez ante el juez Leopoldo Puente como investigado, tras el informe de la Guardia Civil que le vincula con esta supuesta trama de corrupción, y tras dimitir de todos su cargos en el PSOE y renunciar a su acta como diputado.
A la espera de la decisión del juez
Ahora espera a la decisión del magistrado Puente respecto a las medidas cautelares en su contra. La Fiscalía Anticorrupción ha fundamentado su petición de prisión en la existencia de riesgo de fuga y reiteración delictiva, y en su supuesto liderazgo de una presunta organización criminal.
El juez no ha dictado prisión contra el resto de implicados, que tienen prohibido salir de España, deben comparecer cada 15 días ante el juzgado y tienen el pasaporte retirado.
