pamplona - El PP y Vox presentaron ayer de forma conjunta un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la conocida como ley foral de abusos policiales y de reparación de las víctimas por actos de motivación política, aprobada en marzo pasado por el Parlamento navarro. Para escenificar el enésimo ataque al autogobierno foral, el PP contó con su presidenta en Navarra, Ana Beltrán, quien es una de las políticas más activas en intensificar los contactos con la ultraderecha.
El recurso a esta ley navarra se ha convertido poco menos que en una competición entre los socios de UPN en Navarra Suma. Sin ir más lejos, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dijo el pasado miércoles en Pamplona que su partido también va a pedir la suspensión de esta ley, que tildó de “infame”.
víctimas sin reconocimiento La ley foral de abusos policiales ha contado con mayoría política en Navarra para su aprobación en dos ocasiones. La primera fue en abril de 2015 y entonces salió adelante con el apoyo del PSN. Sin embargo, poco después el Constitucional suspendió la mayoría de sus artículos tras ser denunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la legislatura recién concluida, la ley volvió a recibir el respaldo mayoritario en la Cámara foral. Su redacción se hizo de un modo muy similar a la que fue aprobada en el Parlamento Vasco, que actualmente está en vigor.
El espíritu de la ley foral que PP y Vox pretenden que se anule es que se reconozca de manera oficial la condición de víctimas algunos de los casos más flagrantes de la transición. Son los de José Luis Cano, muerto en 1977 por disparos de la policía en una manifestación en Pamplona; Germán Rodríguez, que falleció en Sanfermines de 1978 también por disparos de la Policía; Gladys del Estal, cuya vida se la quitó un guardia civil de un disparo en una manifestación antinuclear en Tudela en 1979; o Mikel Zabalza, detenido en 1985 por la Guardia Civil, torturado hasta la muerte y arrojado al río Bidasoa, pese a que no tenía ninguna causa judicial pendiente.
Beltrán, sin embargo, consideró que la ley es “un claro intento de blanquear a los asesinos de ETA”. - J. Encinas
