La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha negado esta mañana que haya habido "instrucciones políticas" para que los técnicos decantaran la obra de Belate. La jefa del Ejecutivo comparece en el Parlamento junto con los consejeros Óscar Chivite, de Cohesión Territorial, y José Luis Arasti, de Hacienda, para explicar el origen del sobrecoste de 8,5 millones inicialmente aprobado por el Gobierno a petición de la adjudicataria, y que fue objeto de un reparo no suspensivo por parte de la Intervención General.
Chivite, junto con sus consejeros, ha defendido que la obra fue adjudicada por una "mesa técnica" y que nunca ha habido una "instrucción política" para que los técnicos decantaran la balanza de la adjudicación.
La presidenta ha dicho que "la única decisión personal que yo he tomado en este asunto ha sido en el plano político, que es lo que me compete. He exigido a mi Gobierno que Belate deje de ser el último túnel de España en cumplir con una normativa de seguridad que los gobiernos de UPN, señor Esparza, ningunearon durante 11 años en el poder".
El consejero Arasti, de cuyo departamento depende orgánicamente la Intervención General, ha celebrado que los controles funcionan y que los funcionarios del Gobierno trabajan con independencia. La prueba, el informe conocido a finales del año pasado y que consideró mal justificados muchos de los motivos que movieron al sobrecoste.
Sin interés político en el modificado, según Chivite
La presidenta Chivite ha dicho, en cuanto al sobrecoste, que "se están evidenciando distintos criterios técnicos, pero igualmente ningún interés político ni ninguna interferencia en el proceso. De hecho, el reparo suspensivo, que se puede gestionar de distintas maneras en la administración, pudimos haberlo levantado en una sesión de gobierno y no lo hicimos. Habría sido legal pero no hacerlo demuestra que no hay participación política de ningún tipo en todo el procedimiento de los túneles ni decisión alguna que pueda entenderse como favorecedora de una empresa o UTE".
"De hecho, el reparo suspensivo, que se puede gestionar de distintas maneras en la administración, pudimos haberlo levantado en una sesión de gobierno y no lo hicimos. Habría sido legal pero no hacerlo demuestra que no hay participación política de ningún tipo en todo el procedimiento de los túneles ni decisión alguna que pueda entenderse como favorecedora de una empresa o UTE", ha dicho.
Para la presidenta, el hecho de que no hubieran levantado el reparo suspensivo en sesión de Gobierno prueba que no hay un interés político en aprobar el sobrecoste de cualquier manera.
El Gobierno ya ha pagado 24 millones por el nuevo túnel, que va al 74%
Con respecto a la actualización de las obras, el Gobierno ha informado de que la excavación del nuevo túnel de Belate alcanza el 74% y las obras marchan con normalidad.
Además, Obras Públicas plantea un nuevo expediente de modificación del proyecto para mantener el método de excavación de “avanza y destroza” y con la justificación técnica de sostenimiento necesario para garantizar la seguridad en un terreno con condiciones geológicas complicadas y desconocidas en los sondeos previos.
Abono de las certificaciones
El pasado mes de diciembre, el Interventor General emitió un informe de fiscalización positivo con la aprobación y abono de las certificaciones comprendidas entre mayo y noviembre de 2025. Suponen la cantidad de 11.742.793 euros, conforme a las unidades de obra y precios previstos en el proyecto original. El pago se realizó la última semana de diciembre, ha informado el consejero Chivite.
Actualmente se acumula un abono de 24.206.878 euros desde el inicio del contrato. La certificación de diciembre ronda los 5,4 millones de euros, incorpora los trabajos del mes y las nuevas unidades no cuestionadas en el informe de intervención general, con la limitación del 5% por nuevas unidades y un 5% por incremento de mediciones recogido en las condiciones particulares del contrato.
