pamplona - La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar en calidad de investigada a la entidad financiera BBVA como persona jurídica en la investigación abierta al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares.

El Ministerio Público no contempla la posibilidad de que la entidad pueda personarse en esta causa judicial como perjudicada. Las pruebas de las que dispone la Fiscalía revelan que el banco contrató los servicios del comisario y realizó pagos presuntamente ilícitos a la empresa del ex agente policial. Precisamente, en una nota remitida por Anticorrupción en la mañana de este miércoles, el Ministerio Fiscal advierte de que esas pruebas afectan “a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal”.

directivos y dádivas Dicho esto, la Fiscalía revela que “alguno de los directivos investigados (hay ocho imputados) habría percibido dádivas del entorno del grupo Cenyt (la empresa de Villarejo) por la facilitación de tales contrataciones”.

Según publicaron Moncloa.com y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras la difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

La casi segura imputación de BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en la que investiga el espionaje que encargó la entidad al excomisario Villarejo supone un nuevo golpe para la reputación del segundo banco más grande de España.

Si el juez acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, BBVA pasará a estar investigado en un proceso judicial, como lo han estado Santander, CaixaBank o Bankia, a pesar de que el banco ha intentado evitarlo personándose como “perjudicado” en una causa que continúa bajo secreto. El banco admitió desde mediados de febrero, tras convocar su junta de accionistas, que verse inmerso en investigaciones judiciales por la contratación de Villarejo podía tener un “impacto negativo reputacional o económico”.

Desde que se hizo público hace más de un año que BBVA había requerido los servicios de la empresa Cenyt, del citado excomisario, el banco entonces presidido por Francisco González, más conocido como FG, inició una investigación interna para esclarecer el alcance de esas relaciones. Tras la marcha de FG, el nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, encargó a principios de 2019 una investigación más profunda, conocida como forensic en el argot, a la consultora PwC con la colaboración de los bufetes Garrigues y Uría. Sin embargo, con el paso de los meses, los supervisores, incluido el BCE, han pedido públicamente celeridad en la investigación a BBVA, que sigue guardando silencio sobre sus actuaciones e insiste en que lo importante es el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional.

Hasta el momento el juez ha citado al ex consejero delegado del banco Ángel Cano y al exdirector de Seguridad de la entidad Julio Corrochano, pero a otros siete investigados entre los que se encuentran cuatro empleados actuales del banco.

A pesar de ello, el BBVA mantiene a todos al frente de sus funciones con el argumento de que no va a prejuzgar a ninguno de sus empleados imputados en la pieza en la que se investiga el supuesto espionaje que la entidad encargó al excomisario.

Sin embargo, la duda sigue siendo si habrá más investigados próximos a BBVA, si entre ellos podría estar el expresidente del banco o algún miembro del actual consejo de administración. En el caso de FG, dado que llevó las riendas de la entidad durante más de dos décadas, el daño reputacional no sería menor, aunque no afectaría al gobierno corporativo de BBVA al tratarse de una persona ya desvinculada del banco. Por el contrario, si en el proceso judicial se imputara a un miembro del actual consejo la situación sería muy distinta porque previsiblemente el BCE tendría que evaluar la idoneidad de esa persona para seguir en el máximo órgano de gestión de BBVA. - D.N.

En activo. La Fiscalía pide la imputación del banco por cohecho, revelación de secretos y corrupción por contratar al excomisario cuando aún estaba en activo.

Seguimientos. Los trabajos de Villarejo para el BBVA habrían implicado “seguimientos personales, acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria”, según el ministerio fiscal.

Personación. Anticorrupción pide que se desestime la petición del banco para personarse en la causa como perjudicada.

Imputados. Están imputados el exconsejero delegado del banco Ángel Cano y el antiguo jefe de seguridad Julio Corrochano.