pamplona - El Foro Social Permanente pidió ayer públicamente que se alcance un acuerdo entre las partes para evitar que el juicio contra los abogados de ETA se salde con condenas duras. Esta petición retrotrae de alguna manera a los acuerdos que alcanzaron la cúpula de la antigua Batasuna y la Fiscalía en 2016 para eludir la entrada en prisión, aunque en ese caso fue a cambio de reconocer las acusaciones.

El pasado 27 de junio los representantes del Foro Social Permanente Teresa Toda y Agus Hernan se reunieron con Ibon Meñika y Fran Balda en representación de los 47 acusados en el macrosumario 11/13, donde se sentarán en el banquillo Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iñaki Goioaga, entre otros. Tras analizar la amplia información en relación con este sumario, el Foro Social Permanente dijo ayer que las peticiones de condena tan elevadas los retrotraen al pasado y que una sentencia en ese sentido es preocupante en el actual “frágil proceso de construcción de la convivencia democrática”. “Es preciso trabajar, desde la generosidad, en la búsqueda de un acuerdo previo entre todas las partes personadas en este caso. Estamos seguros de que la sociedad vasca, sus instituciones, partidos políticos y sindicatos apoyarían un acuerdo previo como solución razonable”, consideran.

el precedente El juicio arrancará el 16 septiembre en la Audiencia Nacional, y el Foro Social parece anticipar una posible vía para evitar el choque de trenes. Hay precedentes. En 2016, dirigentes de la izquierda abertzale encausados en el macrosumario de la operación de Segura de 2007 y las asociaciones AVT y Dignidad y Justicia alcanzaron junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un acuerdo de conformidad inédito en el que los primeros evitaron volver a prisión pese a ser condenados por “integración en organización terrorista”, y los segundos aceptaron reducir sus peticiones de hasta 10 años de cárcel a un máximo de dos.

El acuerdo, que benefició a Pernando Barrena, uno de los principales portavoces de Sortu en aquel momento, evitaba así el ingreso en prisión. Los acusados reconocieron “su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente”. - D.N.