La fiscalía exige acatar la sentencia del 1-O “sea cual sea”

La fiscal general del Estado, María José Segarra, y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, advierten ante la llamada de Torra a la desobediencia

10.02.2020 | 02:42
El presidente del tribunal del juicio del ‘procés’, Manuel Marchena, en la apertura del año judicial.

pamplona - Todo apunta a que la sentencia por la causa del procés, prevista para antes del próximo 16 de octubre, se resolverá con duras penas después de que ayer la fiscala general del Estado, María José Segarra, advirtiera de que el independentismo deberá acatarla. Semejante aviso no tendría sentido si se aventurara un fallo exculpatorio. "Todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma", sostuvo, evocando para ello las palabras del filósofo Descartes: "La primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país". Segarra apuntó que el normal funcionamiento de las institucionales "y singularmente del sistema de Justicia es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia" que, "desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un Estado democrático: el respeto a la ley". Sus manifestaciones en el acto de apertura del año judicial fueron refrendadas por el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al recordar que "nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho, pues Derecho y democracia son dos principios cooriginarios".

Posicionamientos que llegan como réplica a las intenciones soberanistas de reaccionar a la sentencia como asidero de la unidad secesionista, hasta el punto de que Quim Torra haya llamado ya a la desobediencia civil si ésta es condenatoria. Lesmes insistió en la obligación de cumplir con la Justicia, entendiendo que "la sociedad solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un instrumento independiente y neutral para la resolución de sus conflictos, al que se reconozca la legitimidad suficiente como para que sus decisiones sean acatadas y respetadas". Es más, alabó al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y al resto de miembros encargados del enjuiciamiento de la causa del 1-O. "Este juicio es el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos, y que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos, pues la injusticia, aún en pequeñas dosis, como señalara Calamendrei, es un veneno que resulta letal para la convivencia", se explayó Lesmes.

El tribunal que rige Marchena no quiere que la sentencia se retrase más allá del 16 de octubre, ya que habría que renovar la prisión provisional de los líderes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Las deliberaciones, que se están desarrollando en bloques, podrían ralentizarse y retrasar en el tiempo el conocimiento público de la resolución de la que depende el destino de los doce dirigentes independentistas, e incluso el fallo podría contar hasta el último momento con votos particulares.

parcialidad con los presos En este contexto, la Fiscalía de Barcelona duda de la imparcialidad en el tratamiento a los presos en las cárceles catalanas si finalmente son condenados por el Supremo por un delito de rebelión o de sedición. El Gobierno español aceptó trasladar a estos nueve reclusos a las prisiones de Catalunya, cuya gestión depende de la Generalitat al estar transferida la materia penitenciaria. "Significar que las autoridades de la Generalitat, incluido el actual director General de Institucions Penitenciàries, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados, a los que consideran presos políticos. Tales manifestaciones pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad", recoge el fiscal de Barcelona.