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47 personas se sentarán en el banquillo

Doce navarros afrontan 160,5 años de prisión por defender los derechos de los presos

El lunes arranca en la Audiencia Nacional el sumario 11/13, el primer macrojuicio tras el fin de ETA
Los encausados mantienen que su labor era pública y para “consolidar la paz”

10.02.2020 | 03:14
Los 12 navarros del sumario 11/13

El lunes arranca en la Audiencia Nacional el sumario 11/13.

pamplona - La Audiencia Nacional acoge a partir de mañana lunes el juicio contra el que las instancias judiciales denominaron el frente de cárceles de ETA. 47 personas, doce de ellas de Navarra, se sentarán en el banquillo por haber prestado ayuda psicológica, médica, jurídica y económica a presos y familiares, algo por lo que la justicia española les pide hasta 601 años de prisión -160,5 suman los doce navarros encausados- bajo acusaciones de participación activa en organización terrorista. Se trata del conocido como macrojuicio del sumario 11/13, la que muchos han venido a llamar última causa de la doctrina del todo es ETA y que los acusados, a título individual o bajo el paraguas de plataformas como Herrira, Jaiki Hadi, Etxerat, Bitartekaritza/mediadores del EPPK, han considerado como una "aberración jurídica y social" en un contexto en el que ETA está desaparecida y los trabajos fueron "públicos" y en pro de los "derechos humanos".

El sumario tiene su origen en 2013, cuando se produjeron unas detenciones que se extendieron hasta el año 2015 bajo las operaciones Jaque, Mate y Pastor. En septiembre de 2013, la Guardia Civil detuvo en Navarra, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia a 18 personas vinculadas con la plataforma Herrira, creada en 2012 -con ETA ya sin actividad- con el objetivo de colaborar en la integración de los presos tras el fin de la organización. En enero de 2014 se llevó a cabo una segunda operación dirigida contra Bitartekaritza o los mediadores del EPPK (las personas que hacían de enlaces externos con los presos que habían participado en el debate sobre el fin ordenado del conflicto) en la que se produjeron ocho detenciones y una imputación.

frente jurídico Un año después fue el turno de los letrados: trece abogados -entre ellos las navarras Amaia Izko y Jaione Karrera o el exsenador Iñaki Goioaga- y otros tres miembros de Herrira. Y finalmente en marzo de 2015 la Guardia Civil culminó la operación con las detenciones de dos miembros de Etxerat y otros dos de la asociación Jaiki Hadi, formada por médicos, psicólogos y psiquiatras que se ocupaban de procurar asistencia a los presos. En siete casos los detenidos entraron en prisión preventiva, que en el caso de Arantza Zulueta fue de hasta 3 años. Y a todos se les retiró el pasaporte y se les impuso la obligatoriedad de firmar mensualmente en el juzgado. Fue un golpe en todos los flancos: el económico, el médico y el jurídico, que a juicio de los encausados no es sino un nuevo intento por impedir el fin de la excepcionalidad, anclar en el pasado el conflicto y poner palos en la rueda a la reintegración de los presos.

Desde entonces -2013, 2014 o 2015- los acusados han vivido con la presión de enfrentarse a largas penas de cárcel y con la incredulidad de que el que empieza el lunes no es el último macrojuicio de la doctrina todo es ETA, sino más bien el primer juicio tras el fin de la organización que se plantea en los mismos términos que cuando existía violencia. A partir de mañana, comienza un proceso que se prevé largo -20 sesiones hasta el 28 de noviembre- y que a juicio de los encausados juzga una labor que fue "totalmente pública", en pro de los derechos humanos y a favor del fin ordenado del conflicto. En un comunicado, hecho público en abril, los encausados aseguraban que su objetivo era que "los derechos de los presos fuesen respetados para consolidar la paz y la justicia en Euskal Herria", y temen que el juicio pueda afectar a un problema que, aseguran, sigue existiendo.

en corto

2013

inicio de las detenciones. En 2013, la Guardia Civil detiene a 18 miembros de Herrira, la plataforma creada en 2012 para tratar de ayudar a los presos y a sus familias una vez ETA anunció el alto el fuego definitivo.

Mediadores y abogados. A partir de ahí, la policía también detuvo a nueve personas que habían sido los enlaces externos con los presos del EPPK y a una docena de abogados.

Siete años en vilo. Siete detenidos conocieron la prisión preventiva, y todos fueron sometidos a la retirada del pasaporte y a la obligatoriedad de firmar mensualmente en el juzgado hasta ahora que comienza el juicio en la Audiencia Nacional.

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