el último debate sobre política general de esta legislatura celebrado en el parlamento vasco este pasado viernes ha ofrecido una más dimensión política en las réplicas que en los discursos. Y uno de los ámbitos de reflexión que deja para estos próximos meses, que se antojan complejos para el logro de acuerdos por la proximidad del final de la legislatura y la preeminencia de lo electoral sobre lo estrictamente político, es el de las opciones que cada formación política vasca va a ofrecer a la ciudadanía vasca en relación a una cuestión troncal para nuestro futuro y concretada en optar bien por perpetuar la situación actual, por involucionar, por federalizar, por buscar la independencia o por profundizar en la mejora y desarrollo de nuestro autogobierno.
¿Cuál de estas opciones puede recibir mayor consenso por parte de la ciudadanía vasca, sin dividir ni fragmentar y sin provocar lo que Charles Taylor calificó, refiriéndose al proceso de Quebec, como la “alianza de los neuróticos”, concretada en que el sueño o los anhelos de una parte esa sociedad se convierta en la pesadilla de otra parte, imposibilitando así consensos amplios y transversales?
El lehendakari dejó sentadas algunas pautas para impulsar un proyecto de futuro compartido. Se trata de una cuestión que trasciende al debate de política general, pero sin duda su intervención en la sesión supuso el inicio referencial de esa voluntad de reconducir el diálogo y la negociación. El Lehendakari ha asumido la responsabilidad de situar los elementos claves del nuevo proyecto de autogobierno: tenemos la oportunidad de tejer un acuerdo interno y un pacto con el Estado asentado en el modelo de Concierto Político, concretado en un acuerdo de concertación nacional en Euskadi y Pacto de garantía bilateral con el Estado, un nuevo futuro político basado en la confianza recíproca, que permita actualizar y ampliar la potencialidad del Autogobierno, estableciendo un mecanismo de resolución de conflictos asentado en la bilateralidad.
El marco de autogobierno ha de concebirse como un pacto nacional entre los propios vascos. ¿Qué significa este concepto? Que la transversalidad del acuerdo tiene un valor estratégico como exigencia derivada de la pluralidad de nuestra sociedad. El consenso entre diferentes adquiere una relevancia cualitativa, más allá de la legitimación democrática que tiene todo proyecto basado solo en la mayoría absoluta legalmente exigible.
Para una sociedad tan plural y diversa como la nuestra el consenso entre diferentes en cuanto a las pretensiones nacionales deviene clave. Un proyecto de autogobierno defendido y respaldado socialmente solo por la ciudadanía que vota nacionalista, con el rechazo o la indiferencia de los ciudadanos que se inclinan por las opciones no nacionalistas, significaría un fracaso en esa búsqueda de una comunidad nacional, integrada y cohesionada, cuando menos en torno a unas cuestiones básicas y esenciales.
Aquí reside nuestra singularidad: la pluralidad lingüística, la pluralidad nacional, la pluralidad de pretensiones nacionales respecto al modelo de relación o integración en el Estado, la voluntad de secesión existente en una parte de la ciudadanía, todos ellos son elementos constitutivos de nuestra comunidad como sociedad diferenciada respecto de otras comunidades políticas, culturales y lingüísticas.
Nuestro desafío es defender ese pluralismo como valor y factor esencial de nuestro ser político-cultural y no como una supuesta patología a eliminar mediante un proceso de homogenización o de uniformización. Por todo ello, el acuerdo sobre el autogobierno, que en el fondo es un acuerdo sobre el modelo nacional posible, como comunidad común y compartida, debe ser necesariamente transversal, que reúna a diferentes.
El reto de la sociedad vasca y de sus formaciones políticas es definir un proyecto de autogobierno que profundice en el actual, lo amplíe y lo mejore con ambición. Que suponga un paso más en la constitución de una comunidad política claramente autogobernada, con menores dependencias del Estado, entendido éste como la expresión institucional del poder central. Un proyecto de autogobierno que articule con los poderes una distribución de poderes más equilibrada, donde la relación de mayor igualdad y bilateralidad no sea como consecuencia de la transformación jurídica del Estado bajo los parámetros de un Estado de naturaleza confederal, pues dicha transformación hoy es imposible.
El título competencial de los Derechos Históricos, siempre discutido y debatido, tiene una gran ventaja a la hora de ser utilizado como vía legal para que el sujeto político/ jurídico titular de dichos derechos actúe de hecho como verdadero poder constituyente. Este es el reto, articular un proyecto de autogobierno valiente, ambicioso que tenga su defensa jurídica en el propio marco constitucional, todo ello sobre la base a una interpretación abierta e integradora de los Derechos históricos.
