pamplona - El conflicto sobre el IRPF terminó siendo un problema político de primer orden a finales de la legislatura pasada. Ayer, con motivo del juicio, los partidos volvieron a tomar posiciones en un debate en el que la oposición -por aquel entonces UPN, PSN y PP- dejó de lado los argumentos jurídicos para abrazar el populismo. Hoy, el PSN pide seguridad jurídica y garantías para las devoluciones, como recordó ayer Ramón Alzórriz, que animó a esperar la respuesta de los tribunales. Pero Navarra Suma, inductor de todo este desaguisado en 2012, sigue diciendo que vale con tener votos suficientes en el Parlamento. Como si no existiese un verdadero problema legislativo que, para algunos, no tiene fácil salida.

Es el caso de Geroa Bai. Uxue Barkos, portavoz de la coalición, asumió ayer que es “difícilmente asegurable” que pueda redactarse una ley retroactiva en lo fiscal con garantías jurídicas. “Porque, tal y como la redactó [la ley] UPN, estaba sin resquicios”, aseguró ayer la expresidenta del Gobierno foral. Por eso, pidió cautela, recordó que la sentencia del Supremo no afecta aquí y consideró que es poco menos que “mentir” decirle a la ciudadanía que no existen problemas jurídicos derivados de esta ley y que tiene una solución sencilla que sólo depende de la voluntad política.

En la misma línea se manifestó Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu, quien ve que es “complicado” hacer “una ley ad hoc con efectos retroactivos”, ya que “los informes de Hacienda al respecto han sido claros”. “Nosotras vamos a seguir apoyando la política de deducciones por renta, no la política de exenciones”.

Por parte de Podemos, Mikel Buil pidió esperar hasta la sentencia y, en caso de que sea favorable, aseguró que empujarán para crear un precedente y poder devolver el dinero”. “Si tienen derecho, habrá que cumplirlo”, zanjó. Y Marisa de Simón, de I-E, consideró que “no se puede pagar con efectos retroactivos” y que la ley navarra “sigue en vigor”. - D.N.