pamplona - El Tribunal Supremo ha dado luz verde a una de las promesas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para llevarle al cementerio de El Pardo, algo que el Ejecutivo quiere abordar “cuanto antes” para alejarlo “lo más posible” de la campaña electoral. En plena precampaña para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, seis magistrados de la sección cuarta de lo Contencioso han desestimado por unanimidad la totalidad del recurso de la familia del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el pasado 10 de junio la exhumación, según han avanzado fuentes del Alto Tribunal. A la espera de saber el contenido de la sentencia, que se conocerá en los próximos días, fuentes jurídicas explicaron que entre el tribunal ha primado el “interés general frente al particular”.
El fallo del Supremo, que coincide con el día de la disolución de las Cortes y el decreto de convocatoria de elecciones, supone un aval al plan del Ejecutivo dentro de la batalla judicial que lleva librando con los nietos del dictador, quienes, según su abogado, “van a ir hasta el final”, y recurrirán ante el Constitucional y, en su caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En poco más de una hora los jueces llegaron a la unanimidad y han acordado desestimar el recurso de los Franco, que rechazaban enterrar los restos en Mingorrubio y apostaban por la cripta de la catedral madrileña, donde la hija del dictador, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos. Avalan, por tanto, no solo sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, sino también llevarlos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, lugar elegido por el Gobierno por cuestiones de seguridad.
La familia, que según su abogado, entiende que la exhumación está más cerca que ayer, “van a ir hasta el final” y recurrirán ante el Constitucional “con todas las armas que nos concede la ley” porque entienden que se ha producido una vulneración de sus derechos al tratarse de “una sentencia contra una familia”, que debe ser “la primera del planeta que no puede a enterrar a su abuelo donde quiere”.
El abogado ya ha avanzado que lo más probable es que solicite al TC que paralice la ejecución de la sentencia, aunque antes tiene que conocer su contenido, especialmente si los jueces permiten a la familia elegir un lugar alternativo, como así solicitó su letrado en caso de no hacerlo en La Almudena. Si el recurso ante el TC decae, dijo, les queda Estrasburgo.
Por el contrario, para el Ejecutivo la decisión supone una “gran victoria de la democracia española”, según indicó el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez, en su perfil de Twitter, donde señaló que “la determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del Gobierno”.
“Muy satisfecha” se mostró también la vicepresidenta, Carmen Calvo, que poco después de conocerse el fallo avanzó que la exhumación se hará “cuanto antes” para alejarlo “lo más posible” de la campaña, si bien reconoció aun queda por concluir el procedimiento administrativo que tiene en marcha el Ejecutivo.
Y es que, más allá de la decisión del Supremo, aun queda algún escollo judicial: la licencia de obras para levantar la losa de la tumba de Franco en la basílica de Cuelgamuros está suspendida provisionalmente por un juez de Madrid. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, a quien la Abogacía del Estado intentó recusar sin éxito por publicar en 2007 un artículo contra la Ley de Memoria Histórica, atendió en febrero la medida cautelarísima que pidió un particular en una demanda contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por motivos de seguridad.
El juez, aunque se definió como “un profano en la materia”, dijo que “no hace falta ser arquitecto, ni ingeniero ni maestro de obras para percatarse” de que la exhumación es “algo complicado” y que existe un “riesgo evidente” para los operarios, sin olvidar que el movimiento de la losa “puede desestabilizar el conjunto”.
Aunque, este procedimiento -que atiende a una cuestión meramente técnica- no está necesariamente condicionado por el fallo del Supremo, está por ver si el alto tribunal hace referencia a él en su sentencia, que invite al juez a desbloquear la exhumación, dado que los magistrados sí que han abordado esta cuestión.
Por el momento, la Abogacía tiene previsto presentar un informe que contradiga al presentado por el particular en la vista de medidas cautelares, en la que aún no se ha fijado fecha y cuyo fallo sí que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia.
En el Supremo queda aún por resolver los recursos planteados por la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que la Sala dejó para más adelante y cuyo desenlace estará previsiblemente marcado por la decisión que tomó ayer. - D.N.
Yusti, el juez antimemoria
Crucial. La batalla legal para exhumar a Franco no ha terminado, una causa secundaria demorará su salida. El magistrado José Yusty, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, suspendió en febrero la licencia urbanística que permitía levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba. Yusty se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Antes había escrito un artículo contra la ley de Memoria Histórica. “Representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”, decía en él, además de atribuir a José Luiz Zapatero objetivos ocultos para redactar la norma.
