Madrid. El juez Manuel García Castellón interroga este jueves a los siete presuntos miembros de los CDR detenidos el lunes por delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, en relación a las sustancias con la que se cree estarían preparando artefactos para atentar de cara al 1-O o la sentencia del "procés".
En la operación fueron arrestados nueve presuntos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), si bien a última hora del lunes dos de ellos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la Audiencia Nacional cuando se les cite, y se les mantuvo la acusación de terrorismo.
Los otros siete fueron conducidos a dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), donde han permanecido detenidos hasta su puesta a disposición del juez de la Audiencia Nacional este jueves.
Dos de los siete miembros de los Comité de Defensa de la República (CDR) han solicitado abogado de oficio y han declarado durante varias horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.
Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas y de la investigación, cinco de los imputados están asesorados jurídicamente por abogados vinculados a la organización independentista Alerta Solidària y se han acogido a su derecho a no declarar ante el Instituto Armado al estar secreta la causa y no conocer exactamente los indicios que los investigadores tienen contra ellos.
Sin embargo, otros dos detenidos han decidido desmarcarse de esta estrategia de defensa y solicitar el asesoramiento de un abogado de oficio. Estos sí prestaron declaración a lo largo del día de ayer, y durante varias horas, según las fuentes consultadas.Los siete detenidos llevan desde el pasado lunes por la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.
Mientras, los investigadores han ido analizando el material que les incautaron en los diez registros practicados el pasado lunes, entre otras cosas anotaciones sobre un cuartel de la Benemérita y sobre la fabricación de Goma 2, así como sustancias consideradas como precursores de explosivos como termina y TATP.
En una nota difundida a raíz de las detenciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional explicó que se les acusa de ultimar acciones terroristas, que presuntamente iban a perpetrar con el material para fabricar explosivos caseros que se les intervino.
Además, tenían en su poder consultas en Google, información, e incluso planos, sobre edificios públicos, entre los que figura una casa cuartel de la Guardia Civil.
La operación, que se encuentra bajo secreto sumarial, es fruto de una investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas, según señalaron a Efe fuentes jurídicas.
