pamplona - Pedro Sánchez maneja “todos los instrumentos” del Estado de Derecho para responder a una eventual ruptura del orden constitucional en Catalunya y garantizar la “convivencia”. Además de advertir al Govern de Quim Torra con la posible aplicación del artículo 155 aunque el Ejecutivo español esté en funciones y con el Senado disuelto; el líder socialista sopesa una herramienta con un rango menor de contundencia, la Ley de Seguridad Nacional que permitiría controlar a los Mossos para preservar el orden público. Aunque desde Moncloa no se aprecia hasta la fecha una vulneración flagrante de la legalidad, al margen de censurar las manifestaciones del president llamando a la desobediencia civil tras la sentencia del Supremo por la causa del procés, o las últimas resoluciones aprobadas en el Parlament; Sánchez permanece vigilante ante el devenir de los acontecimientos, metiendo, eso sí, el conflicto catalán en campaña sabedor de que le puede reportar unos cuantiosos votos constitucionalistas.

Dicha ley responde a la norma que PP y PSOE acordaron y validaron en el Congreso en 2015, y que el entonces presidente Mariano Rajoy también barajó aplicar antes de recurrir al precepto constitucional más lesivo contra el autogobierno catalán, acordando con los propios socialistas el alcance de todas las medidas. La Ley de Seguridad Nacional no implicaría ni la suspensión de la autonomía ni la intervención de ninguna competencia pero permitiría a Madrid coordinar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida la Policía catalana. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer al respecto que “el Gobierno está analizando, estudiando y observando la realidad de Catalunya y actuará en la forma oportuna en el momento que sea preciso, siempre conforme con el ordenamiento jurídico”. Marlaska instó a “no ser alarmistas”, señalando que “todo el mundo sabe que este es un Gobierno responsable y que estudia y analiza las situaciones en cualquier sitio de España y siempre aplica el ordenamiento jurídico”. “No hagamos suposiciones de futurólogos. Un Gobierno debe analizar la realidad y aplicar el ordenamiento jurídico en los momentos oportunos”.

El líder del PP, Pablo Casado, viene reclamado la aplicación de la ley de Seguridad Nacional en Catalunya, incluso anima a aprobarla ya, mañana, en el Consejo de Ministros. El presidente de los populares lanzó esta propuesta ante el obstáculo que supone la sentencia del Tribunal Constitucional de julio pasado sobre el articulo 155, cuando aclara que este no puede aplicarse indefinidamente, y el dilema que supone saber si este precepto constitucional se podría aplicar en pleno periodo electoral y con el Gobierno en funciones. Casado recomienda la ley de Seguridad para evitar discusiones de derecho constitucional y como fórmula más eficaz para tomar el control a través de un real decreto que sería aprobado en la Diputación Permanente del Congreso. La autoridad del presidente del Gobierno, aunque esté en funciones, es máxima en este caso, puesto que le permitiría tener el control de las instituciones catalanas en caso de desobediencia y nombrar una autoridad competente. Además, estaría obligado a aportar los medios humanos y materiales para actuar. Ello remite a los días previos al 1-O, cuando el Gobierno envió a Catalunya 6.000 efectivos policiales. - D.N.

Más sencilla y rápida que el 155

Real Decreto. La Ley de Seguridad Nacional es más rápida en su aplicación que el artículo 155.. Además del debate que suscita su aprobación estando en funciones, aplicar el 155 implica realizar unos pasos previos, como el requerimiento formal al president de la Generalitat, la aprobación en la Cámara Alta (en su defecto, en la Diputación Permanente) y diseñar exactamente los plazos y actuaciones que deberían aprobarse también en Consejo de Ministros. En cambio, aprobar la ley de Seguridad Nacional sólo requiere de un Real Decreto que se convalidaría inmediatamente en la Diputación Permanente, como tantas veces se ha hecho.