El Gobierno abonará las ayudas a la maternidad mediante deducción en el IRPF y con efectos desde 2015

Algo que no comparte el grupo de madres afectadas que durante el último año se ha movilizado para reclamar la devolución íntegra de todo lo tributado durante la baja maternal, y que tras la reunión que ayer por la tarde mantuvieron con la consejera y la presidenta María Chivite se mostraron “decepcionadas” y “cabreadas”. “No es lo que nos habían prometido”, subrayó una de sus portavoces, que recordó que durante la campaña el PSN se comprometió a hacer reversible la exención.

Pero eso no es posible a juicio de los técnicos de Hacienda, que tanto la legislatura pasada como en la actual han advertido de los riesgos jurídicos que tiene una reforma fiscal con efectos retroactivos para una parte concreta y parcial de un impuesto tan complejo como el IRPF. Y que pese a las dudas iniciales, y el compromiso asumido en campaña, ha acabado aceptando también el PSN.

Así que finalmente se ha optado por aplicar las deducciones aprobadas por el cuatripartito anterior, pero con efectos retroactivos. De esta forma, los padres y madres con ingresos inferiores a 30.000 euros que tuvieron hijos entre 2015 y 2018 tendrán una deducción del 25% de la prestación. Porcentaje que se irá reduce progresivamente conforme mayores son los ingresos. Según las estimaciones de Hacienda, para el 40% de los contribuyentes beneficiados -fundamentalmente las rentas bajas- el impacto será igual o de 50 euros menos a los que hubieran recibido en caso de la exención. El resto recibirá menos por ser una deducción de carácter progresivo. No obstante, los técnicos de Hacienda deberán definir ahora de qué forma se concreta la medida para su posterior aplicación. Por ello, desde el Departamento se reclamó “tranquilidad” a los afectados, a quienes se les informará con mayor detalle cuando la propuesta quede finalmente redactada. Hacienda mostró además su disposición a aclarar todas aquellas dudas que pueda generar cada caso particular.

El debate político La medida será tramitada ahora como proyecto de ley por el Gobierno de Navarra, previsiblemente dentro del paquete de reformas tributarias que acompañan al presupuesto, y deberá ser aprobado por el Parlamento. “Ahora veremos el compromiso de cada uno, nosotros ya hemos cumplido con el nuestro”, apuntó ayer la consejera de Hacienda, que recriminó a Navarra Suma que genere “expectativas” que no son jurídicamente viables. Elma Saiz sí confía en contar con el apoyo de los socios de Gobierno -Geroa Bai, Podemos e I-E-, con quienes, afirmó, ya se ha debatido la propuesta planteada.

Si finalmente logra la mayoría en el Parlamento, la medida entrará en vigor con efectos de 1 de enero de 2020, y se compensará en la declaración de la renta de ese año, por lo que las familias no recibirán el dinero hasta junio de 2021. El ajuste se hará además en base a los ingresos de 2020 aunque la prestación se hubiera recibido varios años atrás y con ingresos inferiores. Es, según Hacienda, la única forma de garantizar la seguridad jurídica, y que se aprueba una vez solventado el trámite jurídico de las exenciones. Haberlo hecho antes podría haber solapado la deducción con las exenciones en caso de una sentencia contraria que, finalmente, no se ha producido. No obstante, el grupo de madres que ha liderado las protestas ya avanzó ayer que mantendrán abierto el litigio en los tribunales mediante un recurso al Tribunal Supremo para reclamar la exención íntegra pese a que Navarra cuenta con autonomía fiscal.