Sucede que cuando la derecha pasa a la oposición, el dramatismo y la exageración se apoderan de la escena pública, donde cualquier actuación adquiere el rango de escándalo. Ha ocurrido en Navarra los últimos cuatro años, primero con el Gobierno de Uxue Barkos y ahora con el de María Chivite. Y ha ocurrido también en Madrid antes incluso de que Pedro Sánchez oficializara su Gobierno de coalición con Podemos. Cualquier decisión, cualquier gesto, es motivo de alerta para una derecha que empieza incluso a cuestionar la propia legitimidad de las instituciones, abriendo un peligroso camino por el que puede avanzar una ultraderecha cada vez más desacomplejada.
En esto también Navarra ha sido banco de pruebas. La oposición bronca y exacerbada que UPN y PP realizaron la pasada legislatura se ha trasladado ahora al Congreso, donde proliferan los gestos grotescos, las faltas de respeto y los descalificativos cada vez más rudos. "Traidor a España", "estafador", "presidente fake", "fraude electoral", "patético" o "sociópata" han sido algunos de los calificativos que ha recibido el líder socialista por parte de PP, Ciudadanos y Vox en el pleno de investidura. Una muestra de la campaña de acoso y derribo a la que tendrá que hacer frente el tándem Sánchez-Iglesias a partir de ahora.
El clima ha llegado al punto de cuestionar la legitimidad de las instituciones, empezando lógicamente por la presidencia del Gobierno. "Si no ganas las elecciones y obtienes 11 de 50 parlamentarios, no tienes el mandato del pueblo para formar Gobierno", señala el líder local de Ciudadanos y parlamentario de Navarra Suma, que considera que la Chivite carece "de dignidad, de coherencia y de ética política, en definitiva, de legitimidad" para ser la presidenta. Porque "la legitimidad está en los 20 parlamentarios" de Navarra Suma. Es por lo tanto la derecha quien debería gobernar, en Navarra y en Madrid, lo que justifica la más dura de las oposiciones.
Cuando todo vale Eso, claro, incluye a las víctimas de ETA, nuevamente en el eje del debate pese a que hace más de diez años que no hay atentados mortales. Lo que ha llevado a Chivite señalar que "algunos vivían mejor con ETA". Palabras que han tenido una reacción sobreactuada por parte de UPN, que ha recurrido a la memoria de las víctimas de su partido para subrayar la ofensa. Pero que no oculta un hecho innegable, "la utilización continua de las víctimas" que hacen algunos dirigentes de la derecha, tal y como denuncia María Jauregi, hija de Juan Marí Jauregi, asesinado por ETA en 2000.
Un clima de crispación que ya estuvo presente en Navarra en la pasada legislatura, y que recuerda mucho a otros momentos más lejanos en los que la derecha estuvo en la oposición. El PP de Aznar en los últimos años de Felipe González y, sobre todo, de Rajoy, Acebes y Zaplana en la primera legislatura de Zapatero. No hubo problema entonces en cuestionar la autoría de la masacre del 11-M, ni en arremeter contra las víctimas que no secundaron aquella estrategia poniendo incluso en duda si el hijo de Pilar Manjón realmente iba en aquellos fatídicos trenes.
Porque para la derecha todo vale cuando se está en la oposición, incluso cuestionar algunos consensos básicos como las políticas de igualdad. El llamado pin parental, que no es otra cosa que el derecho de las familias para vetar algunos contenidos educativos, es el último ejemplo. Arrastrado por Vox, el PP se ha sumado a quienes consideran que el Estado no tiene derecho a decidir qué se enseña y qué no en la escuela.
Algo que ya se ha vivido previamente en Navarra, donde la derecha ha alentado la insumisión al programa de coeducación Skolae argumentando que el Gobierno no debe "imponer un pensamiento único". Lo que evidentemente no ocurriría si los contenidos curriculares estuvieran acorde con sus prejuicios ideológicos y morales.
El peso de la hemeroteca La misma derecha que censuraba los libros de texto por motivos ideológicos reclama ahora "libertad" educativa. Porque el problema no es lo que puede o no puede hacer un Gobierno, sino quién gobierna. Lo que en muchas ocasiones da pie a un doble discurso según se esté al frente del Ejecutivo o en la oposición.
Así, Javier Esparza no tuvo problema en convivir durante cuatro años con la ikurriña en el salón de plenos, ni en fomentar la educación en euskera. Tampoco le preocupó al entonces vicepresidente Miguel Sanz reunirse en un ambiente distendido con HB para negociar los presupuestos de 1993. Argumentos enarbolados ahora en solemne gravedad y que llegan hasta extremo de renunciar a la asunción de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial. Una demanda histórica que UPN cuestiona ahora aun a riesgo de desdibujar su propia identidad política.
Una política de tierra quema en la que la derecha avanza con el único fin de recuperar el poder a cualquier precio. Pero que por el camino deja un clima de tensión permanente que ha hecho trizas a Ciudadanos y amenaza ya al PP de Casado, cada vez más atado a la agenda que le marca Vox. Un riesgo todavía lejano en Navarra, donde la coalición tripartita ha anulado cualquier oposición a su derecha. Pero que corre el riesgo de verse arrastrada por una espiral en la que cualquier signo de moderación va a ser rentabilizado por Vox, el partido más beneficiado por la polarización a la que la derecha ha decidido someter toda su estrategia de oposición.
