El peaje en sombra absorbe el 48,6% del presupuesto total de Obras Públicas

Geroa Bai subraya que este sistema es la "peor" herencia de UPN que limita la inversión en carreteras

07.02.2020 | 06:18
Pablo Azcona (Geroa Bai), ayer en el Parlamento.

pamplona - La pesada carga económica que suponen los peajes en la sombra volvió a ser objeto de debate parlamentario. Fue Pablo Azcona (Geroa Bai) quien interpeló ayer al Gobierno foral por las consecuencias que este sistema de financiación en las cuentas públicas. Y aunque el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, no quiso "ni alabar ni demonizar" este modelo, mediante el cual una empresa asume los costes de una infraestructura y luego cobra un canon anual, los números son elocuentes de que se trata de un pésimo negocio para la Administración.

La Autovía del Camino (A-12) costó 390 millones y los tramos de la Autovía del Pirineo (A-21) realizados a través del peaje en la sombra, otros 271. Ciriza expuso que, desde la puesta en servicio de estas vías en los años 2006 y 2012, "se han abonado 655 millones por el canon, de los que 107 corresponden a IVA", y las concesionarias disponen de 30 años para su explotación.

A día de hoy, "la carga que suponen los peajes en la sombra de la A-12 y la A-21 en los Presupuestos del año 2020 se cifra en el 1,59%. De ellos, el 1,15% es para la Autovía del Camino y el 0,45% para la Autovía del Pirineo". El consejero precisó que el pago de estos cánones suponen el 48,6% del total del presupuesto de Obras Públicas e Infraestructuras, pese a que los importes que desembolsa ahora el Gobierno están ligeramente por debajo de lo estimado en la A-12 (50,6 millones en lugar de 55) y son sensiblemente inferiores en la A-21 (19,7 en lugar de 37), debido a que soporta menos tráfico al no estar terminada la autovía en Huesca.

Ciriza consideró que la valoración del peaje en la sombra "depende del pliego de condiciones" -las empresas cobran en función del precio pactado de antemano por cada vehículo que transita-, por lo que a la vista está que, sobre todo en el caso de la A-12, se firmaron unas condiciones realmente ventajosas para la sociedad inversora y penosas para el erario público.

En esta cuestión incidió Pablo Azcona, quien sostuvo que estos peajes son el "mayor ataque a la sostenibilidad presupuestaria, el ejemplo más claro de lo que no se debe hacer y la peor herencia de UPN".

Recordó que Comptos calculó que por la A-12 se van a pagar 1.200 millones, "pero todo indica que su informe se va a quedar corto" y que estos gastos comprometidos para las generaciones que vienen detrás "limitan la capacidad de inversión en las carreteras".

Javier García (Navarra Suma) se mostró a la defensiva, dijo que "en Gipuzkoa también se financia la incineradora con peaje en la sombra" y se atrevió a acusar al Gobierno anterior de "no haber sido capaz de conservar las carreteras".

Salvo el PSN, que lógicamente cerró filas con el consejero, el resto de grupos fueron muy críticos con este sistema de financiación.

Adolfo Araiz (EH Bildu) destacó que "si la A-12 la hubiéramos financiado con créditos, hubiera costado 700 millones", y advirtió de que el peaje en sombra es "una peligrosa arma en manos de algunos políticos".

Ainhoa Aznárez (Podemos) se opuso a un sistema "que va a lastrar los Presupuestos". Y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) lo consideró "una malísima opción, que supone triplicar o cuadruplicar su coste e hipotecar los presupuestos durante años".

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