PAMPLONA. Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra concluye que la gestión de Tráfico y Seguridad Víal es una competencia propia y exclusiva de Navarra, reconocida como tal en la Lorafna, la ley del Amejoramiento que regula el autogobierno, desde 1982. Lo que está en cuestión no es por lo tanto la titularidad de la competencia, sino la prestación del servicio, actualmente compartido entre la Guardia Civil y la Policía Foral. Por lo que sería suficiente un Real Decreto aprobado del Gobierno de España, previo acuerdo de la Junta de Transferencias, para que Navarra asuma en exclusiva la gestión de Tráfico y Seguridad Vial.
Es la conclusión a la que han llegado los servicios jurídicos del Parlamento tras analizar la legislación vigente (Constitución y Lorafna), los traspasos similares en esta materia (el de la CAV y el de Catalunya) así como la jurisprudencia, fundamentalmente las sentencias 219 y 379 de 2018 del Tribunal Supremo. Y que argumenta que "las competencias históricas de la Comunidad Foral deben interpretarse no de forma restrictiva, sino en coherencia con el propósito consagrado en la Lorafna, huyendo de interpretaciones literales de las normas preconstitucionales y atendiendo a las competencias históricas".
El asunto de fondo es la propia ambigüedad en la que está redactado el Amejoramiento, y que literalmente señala que en lo relativo a Tráfico y Seguridad Vial "Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta", haciendo referencia a la realidad institucional en la que fue aprobada la ley orgánica en 1982. En aquel momento el servicio era compartido por Policía Foral y Guardia Civil, lo que ha dado pie a una interpretación diversa durante los últimos años.
El dilema, subraya el informe jurídico, ha quedado resuelto por el propio Tribunal Supremo, que en sus sentencias de 2018 concluye que la expresión "que actualmente se ostentan" ha de interpretarse "no desde el prisma formalista" contrario a "la tradición histórica y la filosofía del régimen foral", sino en base a las "funciones reales" que la Diputación Foral ha mantenido de forma "ininterrumpida" en la gestión del Tráfico y la Seguridad Vial.
Los juristas del Parlamento concluyen así que Navarra ostenta competencias "de carácter histórico" en materia de Tráfico y Seguridad Vial, por lo que dispone de una policía propia que viene desempeñando, entre otras, estas funciones, aunque sea en colaboración con otras fuerzas de seguridad. Estas competencias han sido actualizadas y reconocidas en la Lorafna de 1982, por lo que "no deben interpretarse de forma restrictiva" sino, como apunta el Supremo, en base a la "tradición histórica y a la filosofía del régimen foral".
Además, recuerdan que el propio Tribunal Supremo rechaza que el ejercicio de una misma competencia sea compartido por más de una administración, ya que puede dar lugar "a escenarios que se prestan a distorsiones e ineficiencias". "La cuestión del desempeño de las mismas funciones por distintos cuerpos policiales se corresponde más bien con una cuestión de forma de prestación de los servicios que con una cuestión de competencia, que puede ser solventada por la vía del correspondiente decreto de transferencias", apunta el informe, que considera el caso de Navarra más cercano al traspaso realizado en la CAV que al de Catalunya.
POR LA VÍA DEL DECRETO LEY Los juristas interpretan que si bien la situación de Euskadi "no es exactamente igual, y tampoco peor", ambos casos pueden ser equiparables, por lo que la vía del Real Decreto de transferencias puede ser válida también para el caso de Navarra. "Los precedentes habidos en Navarra, aunque no consumados, validarían este proceder porque este ha sido el procedimiento propuesto en los intentos realizados hasta ahora", señala el texto, que el próximo lunes será sometido a debate por la Mesa del Parlamento. Se descarta así la posibilidad de aprobar una nueva ley orgánica, tal y como se hizo en Catalunya, lo que requeriría de una trámite parlamentario más largo en las Cortes Generales y su posterior aprobación por el Congreso. No obstante, previamente Navarra y el Estado deberán acordar los términos efectos del traspaso, tanto en cronograma como en número de agentes y recursos necesarios, dentro de la Junta de Transferencias, un órgano bilateral formado por representantes de ambos Gobiernos. El informe, que lleva la firma de Nekane Iriarte, no tiene vinculación jurídica, pero refuerza la posición política de la mayoría del Parlamento, partidaria de que la Policía Foral asuma de forma exclusiva la gestión de Tráfico y Seguridad Vial. Y dota de argumentos al debate que tendrá lugar los próximos meses tanto en Navarra como en Madrid.
LA VISIÓN DEL ESTADO Una negociación pendiente
Buena voluntad en la Moncloa. El Gobierno de España ha reiterado su disposición a llegar a un acuerdo con el foral en el marco de la Junta de Transferencias para el traspaso de las competencias de Tráfico. En respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo central reconoce que "desde antiguo" Navarra ha ostentado "facultades integrales" en esta materia, y recuerda que fue en diciembre de 2018 cuando el Gobierno foral solicitó el inicio de las negociaciones. Estas, argumenta, no han comenzado debido al "calendario electoral" y el "Gobierno en funciones", pero lo harán "tras el análisis en el ámbito interno de la Administración del Estado". I.F.
