El frente judicial abierto por la derecha estira la polémica del encuentro de Ábalos

La Fiscalía de Madrid investiga a instancias del PP la reunión del ministro y la número dos de Maduro en Barajas

20.02.2020 | 01:13
El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión en el Congreso.

pamplona – El PP aumenta la presión sobre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su polémico encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, después de que el juez haya ordenado conservar los vídeos de aquel episodio, sobre el que el Gobierno reitera que no hay caso. "¡Qué voy a temer!", manifestó el propio ministro en los pasillos del Congreso, donde volvió a insistir en que está "muy tranquilo" respecto a lo ocurrido el 20 de enero en el aeropuerto madrileño, sin temer nada de lo que puedan desvelar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto madrileño. Es más, fuentes del Ejecutivo recalcan que la ley establece un plazo máximo de 30 días para destruir esas imágenes de seguridad, que se podían haber borrado al día siguiente de los hechos, y afirman que si siguen en poder de Aena es porque no se ha querido que su supresión pudiera ser utilizada como arma arrojadiza.

La Fiscalía de Madrid investiga desde hace semanas el encuentro del ministro con la número dos de Nicolás Maduro, a raíz de la denuncia presentada por el PP. El PP presentó a finales de enero una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre el encuentro que se produjo en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero, escrito que fue remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias de investigación.

Todo ello ocurrió antes de que los populares acudieran ayer al juzgado de guardia para reclamar a AENA que conserve los vídeos de vigilancia de Barajas de la noche del encuentro, algo que acordó la jueza con el visto bueno de la Fiscalía. De acuerdo con esa postura, la Fiscalía no recurrirá el auto que dictó ayer la jueza, según las fuentes consultadas por Efe. Y si nadie recurre el auto, la jueza remitirá la causa al juzgado decano de Plaza de Castilla para su reparto.

Tras asistir a la sesión de control del Congreso, Ábalos esgrimió la "tranquilidad enorme" que tiene ante este asunto porque está convencido de que se cumplieron "todas las normas" que impedían a Rodríguez entrar en territorio Schengen. Una sesión de control donde la polémica sobre cómo gestionó la situación el titular de Transportes planeó a instancias del PP principalmente, que aunque no preguntó directamente a Ábalos sí la mencionó aprovechando otras interpelaciones para estirar la polémica.

Así, el líder del PP, Pablo Casado, reclamó en su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "deje de mentiras" y cuente la verdad sobre la reunión de Barajas, destacando que el juez que ha ordenado guardar los vídeos "ha encontrado indicios de delito". También la portavoz del grupo popular, Cayetana Álvarez de Toledo, aludió al encuentro de Barajas, de refilón, al acusar al Ejecutivo de "alternar con delincuentes, aquí y allí", dirigiéndose a Ábalos.

Y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, el cual bromeó ante el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con el nombre que él le pondría al Gobierno –"señor Sánchez, mentiras y cintas de vídeo"– en alusión al título de la película de 1989 dirigida por Steven Soderbergh.

Después, en los pasillos del Congreso, Álvarez de Toledo ratificó que el PP quiere las grabaciones en manos del juez "para que pueda ver exactamente lo que ocurrió" entre Ábalos "y una torturadora corrupta, mano derecha de una de las más terribles dictaduras que uno pudiera imaginar", remachó.

Pese a toda esta ofensiva, el Gobierno está convencido de que no hay motivo de preocupación, puesto que el ministro de Transportes solo acudió a Barajas con la única misión de evitar la entrada de Delcy Rodríguez en territorio nacional, algo que según las fuentes no sucedió, porque solo hizo escala hacia Estambul. Además, hacen hincapié en que el juez no ha especificado en su auto qué delito concreto se habría cometido y por parte de quién, algo que será de muy difícil determinación, añaden, porque la prohibición de entrada a Rodríguez emana de una decisión "política" de la UE y no de una norma integrada en el corpus legal español.